La oposición de Nava urge a presentar el Plan General de Ordenación Urbana

La oposición de Nava urgió en el último Pleno al gobierno socialista a desbloquear el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya redacción se encargó en 2005 al arquitecto Ramón Fernández-Rañada y que sigue aún en fase de tramitación. El alcalde, Juan Cañal, manifestó que su intención es presentar un avance este mismo año. Reconoció la necesidad de disponer cuando antes del documento, pero considera que «debe ser acorde con los tiempos, la realidad y las necesidades del concejo». El mandatario prefiere no buscar responsables del retraso y «empujar entre todos para que el plan salga definitivamente».

Respecto a la calificación errónea de los terrenos de la empresa Fuensanta -que las normas subsidiarias de 1996 establecieron como de especial protección en vez de industriales-, comentó que hay que subsanar esa equivocación, «pero los procesos son muy largos y ahora está en trámite ambiental».

El concejal de Asturianistes por Nava (APN) Emilio Ballesteros fue el más crítico con el gobierno. «Nos sentimos bastante decepcionados, porque desde 2015 no hicieron nada con el PGOU», dijo. El exalcalde tiene la impresión de que el arquitecto redactor «está cansado y es probable que lo deje, lo que sería extremadamente grave». Ballesteros es consciente de las dificultades añadidas por los trece años transcurridos, con cambios en la legislación, a lo que se une la disparidad de criterio entre el redactor y los técnicos municipales, que auguran problemas para su aplicación. Ante esta situación, el edil de APN opina que hay que llevar ya el documento al Pleno y luego abrir un período de información pública «para dar la voz a los vecinos». Y admite su parte de culpa por no haber podido tramitar el PGOU antes de concluir el anterior mandato. «Nosotros presionamos hasta donde pudimos, pero era extremadamente complejo», dijo.

Ballesteros criticó también la pasividad en el tema de Fuensanta. «No se movió una coma cuando en dos meses podrías hacer una modificación de las normas subsidiarias». Para el edil asturianista, la empresa «buque insignia» del concejo, que emplea a más de cincuenta personas, «no puede estar en una situación alegal y ahora se empiezan a dar cuenta».

El concejal del PP, Pablo Onís, recordó que el PGOU había sido una promesa electoral del alcalde, «que ha reconocido que, con mínimas variaciones, se encuentra igual que en 2015». Onís critica «la falta de compromiso con el desarrollo urbanístico del concejo y los intereses legítimos de vecinos y empresas». Advierte de que la demora conllevará «sobrecostes» y reclama una normativa «flexible y solidaria que ayude a fijar población joven en el concejo».

La concejala de Foro, María José Rey, lamentó que, después de trece años y tres alcaldes, «no se avanzó absolutamente nada». Pero también considera que el Ayuntamiento «como parte contratante y pagadora, debe exigir al redactor que se adapte a las indicaciones de los informes técnicos y de la Cuota». Rey acepta que se firme un contrato menor con el redactor, «pero única y exclusivamente para que haga las modificaciones pertinentes para cumplir con la legislación, tras los cambios de las normas urbanísticas». La edil no comparte algunos contenidos del PGOU, que ve inviables en un concejo como Nava. Y exige también que el documento «sea legible». No obstante, aboga por «no perder el tiempo en pelearnos y buscar culpables y ocuparnos solo de trabajar conjuntamente y resolver los escollos que hay».

Del tema de Fuensanta, Rey mantiene la misma postura que planteó en el Pleno de junio de 2017 y apeló de nuevo a la unidad de acción: «Es un tema sensible y serio y no se puede buscar protagonismos». Y recordó cuando la CUOTA «entendió que ese uso era autorizable», lo que hubiera permitido modificar las normas subsidiarias. Piensa que ahora deberá subsanarlo el PGOU.

El edil de Ágora Nava, Luis Catalán, sostiene que «ya no se puede esperar más» para aprobar el PGOU, aunque primero «debe adaptarse a la realidad actual», que difiere del momento en que se redactó. Aboga también por alcanzar «el máximo consenso posible» y por ampliar el contrato con el redactor para poder culminarlo. Catalán no comparte la petición de APN de llevarlo ya al Pleno, «porque si no está detallado, la gente no lo va a entender». Y en el tema Fuensanta defiende «facilitar en lo posible la legalización, porque no fue culpa de ellos, pero tampoco aceptar presiones y atajos, porque no sería justo para el resto de empresas y los vecinos».