Somos pedirá al Tribunal de Cuentas que investigue las plusvalías prescritas de Bobes

Los concejales ayer al concluir el Pleno ordinario. /  IMANOL RIMADA
Los concejales ayer al concluir el Pleno ordinario. / IMANOL RIMADA

El Pleno de Siero rechazó con los votos del PSOE y Foro, y dos abstenciones, realizar una auditoría para saber si hubo menoscabo para las arcas municipales

JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO.

El grupo de Somos Siero solicitará al Tribunal de Cuentas que investigue la prescripción de decenas de liquidaciones del impuesto de la plusvalía a los expropiados por el polígono de Bobes, cuyo quebranto para las arcas municipales cifra «en casi tres millones de euros».

«No descartamos ninguna opción de dirigirnos a todas las instancias oportunas para que se fiscalice», anunció ayer la concejala Ana Ballester, al término del Pleno ordinario, donde se rechazó su moción para que sea el propio Ayuntamiento quien realice una auditoría interna sobre las incidencias del impuesto en ese caso concreto y determinar posibles responsabilidades.

PSOE y Foro votaron contra la moción, que no salió adelante gracias a las abstenciones del edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, José Carlos García, y la no adscrita María Fernández. El resto de grupos -IU, PP, Ciudadanos y Pinsi- sí respaldó la propuesta de Somos. Ballester repasó un expediente que arrancó en 2009 con las ocupaciones de las fincas y se prolongó hasta 2017. Aseguró que el Ayuntamiento podía haber efectuado unas liquidaciones provisionales, tomando como base el justiprecio, para evitar la prescripción.

Eduardo Martínez, portavoz de Foro y alcalde cuando se tramitó este expediente, afirmó que se habían limitado «a seguir los informes técnicos, que respetamos y estaban hechos correctamente, y no nos salimos para nada de ellos». Y el alcalde, Ángel García, quien heredó el asunto, se manifestó en el mismo sentido: «No tenemos ninguna duda de los informes de los técnicos, y si la tuviera, ya habría obrado en consecuencia». Y añadió que cuando se le comunicó que las liquidaciones prescribían en 2017 «no hubo ninguna duda de liquidarlas en ese plazo».

El edil de IU, Edgar Cosío, reconoció la complejidad del asunto, «pero no es óbice para intentar llegar al fondo y es necesario determinar si hubo quebranto para las arcas y negligencias». La concejala del PP, Beatriz Polledo, calificó de «grave injusticia» que algunos vecinos sí pagaran el impuesto, porque no les compensaba recurrir. Y dudó del informe jurídico que el gobierno encargó a un catedrático de Derecho Administrativo: «Ya no sabemos si es objetivo o de parte», afirmación que molestó al regidor. El edil del Pinsi, Juan Camino calificó la cuestión como «muy seria y grave, porque son dos millones más intereses». En Siero aún se recuerda la última denuncia ante el Tribunal de Cuentas, que terminó con la condena a dos alcaldes a devolver de su bolsillo el dinero que se pagó a los funcionarios por encima del convenio.

 

Fotos

Vídeos