Somos e IU piden la dimisión de la edil Macías por la sentencia de la gasolinera

La estación de servicio Las Palmeras. /  PABLO NOSTI
La estación de servicio Las Palmeras. / PABLO NOSTI

El denunciante, Ángel García, recalca que «la sentencia es firme y la tienen que ejecutar, al margen de que presenten un recurso»

J. C. D. SIERO.

Los grupos municipales de Somos Siero e Izquierda Unida exigieron ayer «la dimisión inmediata» de la concejala de Urbanismo, Noelia Macías, tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo, que la responsabiliza directamente de no haber ejecutado aún otra sentencia firme anterior para paralizar la actividad de la estación de servicio Las Palmeras y demoler las obras consideradas ilegales.

El portavoz de Somos, Javier Pintado, fue más allá y pidió que se aclare si fue «una decisión unilateral de la concejala, o bien obedeciendo órdenes del alcalde; en ambos casos es una situación muy grave y alguno de los dos tiene que dimitir». Para Pintado, «estamos ante una muerte anunciada y en Somos quedamos solos en el Pleno diciendo que esto iba a pasar». Y recordó cuando el alcalde, Ángel García, les instó a que aportaran una solución. «Nuestra solución es la que dicen ahora los jueces, así que el gobierno no la desconocía», dijo.

El problema se agrava aún más, según Pintado, «al descubrir que los técnicos municipales exigieron también que se hiciera lo que nosotros reclamábamos». El edil calificó la situación como «insostenible» y lamentó «el grave perjuicio» que se va a causar a los trabajadores de la estación de servicio. Somos defendía que se hiciera un cierre de las instalaciones «programado y con un calendario, a la espera de la legalización» y ahora se tema que «habrá que hacerlo todo de golpe y sin saber cuándo se va a legalizar». Y criticó el coste que está suponiendo a las arcas municipales con el pago de abogados y de costas judiciales. «Hay que cumplir la sentencia de manera inmediata y darle la seguridad a los trabajadores de que se puede legalizar y estar operativa en breve, pero con todos los parabienes de los jueces», concluyó.

El portavoz de IU, Edgar Cosío, afirmó que la última sentencia «deja bien a las claras que la concejala, de 'motu propio', decide no continuar con la ejecución de una sentencia firme. Y estas acciones, además de revestir una importante gravedad, deben tener consecuencias políticas». Recordó que IU lleva diciendo desde octubre de 2017 que las resoluciones judiciales «están siendo muy contundentes y que únicamente cabe acatarlas poniendo fin a los recursos y procediendo a su ejecución», a la vez de ir estudiando posibles actuaciones futuras. Y también advirtió de que «la estrategia procesal no estaba dando frutos, por lo que debía abandonarse ese empecinamiento».

La concejala del PP Beatriz Polledo mencionó también las advertencias de su grupo en el mismo sentido, «por eso decidimos no apoyar los procedimientos» y subrayó que la solución del plan especial «quedó claro que los jueces no la avalan». También criticó el gasto de dinero público y que se sepa ahora que «no fueron decisiones técnicas, sino políticas, y no entendemos el porqué, ni qué pensarán los ciudadanos». Y pidió que se convoque ya una junta de portavoces con quejas hacia la falta de información.

El edil de Ciudadanos, Sergio García, reprochó también no enterarse de los hechos «por canales internos» y calificó de «'mandato horribilis'» el actual de la Concejalía de Urbanismo, cuyas interpretaciones no coinciden con las de los jueces, de ahí que su grupo siempre se haya abstenido. Y el portavoz de Foro, Eduardo Martínez, mostró su «respeto» a las decisiones judiciales y aseguró que el Ayuntamiento «actuó en función de las medidas acordadas con los técnicos». No obstante, piensa que el gobierno debe convocar una reunión «para decidir el camino a seguir».

«Un problema doble»

Por su parte, el denunciante de las ilegalidades de la gasolinera, Ángel Fernández, dijo ayer que «las sentencias son muy claras y están diciendo que lo futuro no cumple con lo pasado». Opina que el Ayuntamiento tiene ahora «un problema doble, porque ha vuelto a aprobar una licencia con una sentencia que era firme». Recalcó que «al margen de que vuelvan a recurrir, la sentencia la tienen que ejecutar»; le extraña que la concejala «no esté asesorada de las consecuencias que puede tener para ella a título personal y patrimonial» y le sugirió «cerrarlo todo como medida preventiva para que la jueza vea que, al menos, hay intención de cumplir».