Piden prisión para los socios de un club de Siero por tener a 27 empleadas sin Seguridad Social

La Fiscalía solicita el cierre durante dos años del local de alterne situado en Viella y multas de 2.400 euros para cada acusado

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EL COMERCIOGijón

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una condena de dos años de prisión para los responsables de un club de alterne, situado en Viella, Siero, por un delito contra el derecho de los trabajadores al tener, presuntamente, a veintisiete camareras de alterne y una limpiadora trabajando sin Seguridad Social. También pide el cierre durante dos años del local. La vista oral está señalada para hoy, a las diez de la mañana, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, en Oviedo.

Según informa el Ministerio Fiscal, tres de los acusados son socios, propietarios y gestores de la empresa titular de este establecimiento situado en el kilómetro 1,5 de la carretera AS-17, Avilés-Puerto de Tarna. Asimismo, la gestión de la empresa y del establecimiento «la realizan todos ellos de común acuerdo, figurando en el Registro Mercantil como administrador único el cuarto acusado, que actúa de común acuerdo con los demás».

El día 27 de junio de 2014, a las diez de la noche, se produjo una inspección del establecimiento, que realizaron de forma conjunta la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Grupo Operativo de Extranjeros del Cuerpo Nacional de Policía. Allí comprobaron que en el local se encontraban trabajando como camareras de alterne veintisiete personas que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. Además, dos de ellas carecían de permiso de estancia, residencia y trabajo en España. También había otra persona desarrollando tareas de limpiadora, que tampoco estaba dada de alta en la Seguridad Social.

Dadas de alta y baja en un día

La Inspección de Trabajo procedió a dar de alta ese mismo día a todas las personas que no lo estaban, si bien en la mayor parte de los casos la empresa procedió a darlas de baja al día siguiente, apunta el Ministerio Fiscal, que añade que no se ha acreditado el importe de las cantidades dejadas de ingresar en la Tesorería de la Seguridad Social.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en el artículo 311.2º b) del Código Penal y solicita que se condene a cada uno de los acusados a dos años de prisión. También pide una multa de 2.400 euros –a razón de una cuota diaria de diez euros durante ocho meses–, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Pide, además, condenar a la sociedad y al establecimiento a la suspensión de actividades y clausura del local durante dos años y que abonen las costas a partes iguales. Y en concepto de responsabilidad civil, solicita que todos los acusados, conjunta y solidariamente, deberán indemnizar a la Tesorería de la Seguridad Social en las cantidades que han dejado de ingresar.

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