Los sindicatos amenazan con ir a los tribunales por la exclusión del Fondo Social del presupuesto

CC OO considera también «ilegal» la supresión de la partida de este año tras los ajustes del plan financiero, sin haberles informado primero

JOSÉ CEZÓNSIERO.

Los cuatro sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Siero han expresado su «total oposición» a la supresión del Fondo Social en el nuevo presupuesto de 2020, aprobado el pasado jueves en un Pleno extraordinario. UGT, USO y SIPLA anuncian que presentarán alegaciones por la vía administrativa cuando el documento se publique en el BOPA, como paso previo a recurrir a los tribunales, mientras que CC OO prefiere consultarlo primero con sus servicios jurídicos.

Uno de los motivos dle malestar sindical es haberse enterado de la supresión del Fondo Social al presentarles el documento de presupuesto en la mesa general de negociación del pasado 19 de septiembre, sin haberles informado previamente de tal decisión. Los cuatro sindicatos respondieron que suprimir esa partida -que cifran en unos 220.000 euros-, y que está reconocida en el acuerdo colectivo, «puede suponer un quebranto de difícil e imposible reparación a corto y medio plazo en futuros presupuestos». Y denunciaron un incumplimiento del artículo 23 del acuerdo de las condiciones de trabajo para el personal funcionario del Ayuntamiento de Siero.

«Llegaremos hasta el final, nos dejaron sin nada y, al menos, nos queda el recurso de la pataleta», afirmaba ayer el delegado de la UGT, Alberto Rozas, quien confía en que pueda haber unidad sindical en este asunto. No alberga, en cambio, demasiadas esperanzas de que puedan prosperar las alegaciones ante el propio Ayuntamiento. «Ya sabemos la respuesta», dijo, pero anuncia que luego acudirían al contencioso.

«Nunca se había quitado el Fondo Social», lamenta Rozas, a quien les sorprendió más aún que la decisión se produjera cuando se estaba negociando que ese fondo se recondujera hacia ayudas sociales y mejoras para los trabajadores. Los delegados sindicales del SIPLA, Adrián Díaz, y de USO, Desiré Rodríguez, manifestaron igualmente la voluntad de defenderse de forma conjunta, tanto en la vía administrativa como la judicial, tras las decisiones adoptadas por el gobierno.

La delegada sindical de CC OO, Asunción Alonso, prefiere que sus servicios jurídicos valoren la idoneidad de recurrir el Capítulo I del presupuesto y estudien «el margen de maniobra». Y se lamentaba que estos asuntos laborales «tengan que acabar en los tribunales». Su compañero Alberto Pérez se refirió a una sentencia de 2015 que, supuestamente, anularía el derecho a percibir ese fondo. «El juez no dice que no pueda haber una dotación en el presupuesto para esas mejoras a los trabajadores, sino que anula el efecto de ese acuerdo, porque no se puede incluir en la nómina de los funcionarios; es una cuestión de procedimiento», puntualizó.

El delegado añadió que, precisamente por ese motivo, se habían propuesto otras fórmulas de percepción de ese fondo, como podrían ser derivarlo a un plan de pensiones, un seguro de salud o el desarrollo de la carrera profesional con formación remunerada.

El fondo de este año

Por otra parte, CC OO considera también «ilegal» la supresión del fondo de 2019, dentro de las medidas de ajuste incluidas el plan económico-financiero recién aprobado. «No se nos informó a la parte social de ese plan y nos enteramos cuando lo llevaron a Pleno, cuando es algo que afecta al Capítulo 1 de un presupuesto vigente», afirmó Pérez.