Habla el sindicalista que pidió cerrar la mina de Cerredo ya en 2022: «Habría sido mejor, pero no me hicieron caso»
Roberto Mallada considera que el Principado estaba habituado a tratar «con grandes empresas mineras, muy sindicalizadas y con procesos mecanizados. Ahora hay un cambio de paradigma de pequeñas empresas que se pierden»
En la comisión de investigación del accidente de la mina de Cerredo (Degaña) compareció Roberto Mallada, representante de CC OO al que el tiempo ... le ha dado la razón. En agosto de 2022 en la explotación murió un trabajador y otro perdió la pierda cuando bajaban por la montaña en un camión cargado de carbón. La investigación de la Dirección General de Minas determinó que el material se había extraído ilegalmente del sexto piso, que el vehículo no tenía los papeles en regla y las averías le impedían superar la inspección reglamentaria, que los trabajadores carecían de la acreditación en vigor para ponerse a los mandos y cada uno de ellos estaba en una empresa distinta, con horarios diferentes. Cuando Mallada supo todo eso, defendió en la comisión de seguridad minera que asesora al Principado que, lo que procedía, era el cierre de la explotación.
«La administración no me hizo caso. En la comisión otros proponían una paralización», indicó. La paralización se mantuvo hasta que la empresa propietaria de la explotación cumplió una serie de requisitos. Después de eso, y a pesar de haber sido verificado 21 días antes que extrajo carbón sin autorización, se la permitió volver a trabajar. «Yo cuando propongo que se cierre es por las condiciones de trabajo que allí había. Yo no propongo el cierre de una explotación de carbón que cumpla con la legislación, sea socialmente responsable y sostenible. Cuando asistes a condiciones de trabajo que son preocupantes y a incumplimientos evidentes, a veces es preferible ponerse colorado una vez que mil veces amarillo», razonó.
Mallada explicó que a su juicio la minería de carbón inició en 2019 un «cambio de paradigma». Se pasó de Hunosa y empresas grandes «fuertemente sindicalizadas y con procesos mecanizados, a empresas pequeñas, que se pierden en procesos concursales». En las compañías grandes el actuario también llegaba para la inspección avisando al director facultativo «pero también se reunía con los representantes laborales, los de seguridad, y sin verse con ellos no había inspección». En vez de eso ahora los empresarios atomizan la actividad. «Hace unos meses en Mina Miura (Tormaleo) el mismo grupo tenía a 70 trabajadores, pero los parcelizaba en dos empresas para que no pasara ninguna del número de 50 y tuviera comité de empresa», apuntó.
Las condiciones laborales actuales son, desde ese punto de vista de sindicalización, «las del inicio de la minería». A ello añadió un problema: la Dirección General de Minas es autoridad laboral pero sus actuarios revisan la explotación «sin dirigirse a los contratos, el cumplimiento de los horarios como sí haría en otra empresa la Inspección de Trabajo». Por ello propuso abrir un canal de denuncias que permita a los mineros hacer llegar sus avisos directamente a los funcionarios de minas.
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