Los sindicatos universitarios piden «aclarar» las condiciones del personal administrativo

La presidenta del comité de empresa, Ángeles Fal, de CC OO, recuerda que en el mismo plan estratégico aparece que «la ratio entre profesores y personal de administración es una de las más bajas de las universidades públicas españolas, estamos a la cola (en el puesto 43 de 48) con dos profesores-investigadores (PDI) por una persona de administración». Partiendo de esta base, dice, «no basta con reorganizar la plantilla, también hay que reforzarla si el objetivo es ser más eficientes y dar mejor servicio».

En este sentido, «ante los cambios propuestos y la mayor exigencias que se pide», echa en falta «incentivos al personal para que se involucre, sea cómplice y el plan llegue a buen término». Subraya que «el rector y el vigerente nos han asegurado que no hay riesgo para el empleo, para nada un ERTE». Aun así, desde CSIF, Begoña Valdés, sostiene que «hay mucho por aclarar porque el plan, que es muy ambicioso, está incompleto. No especifica el coste económico, si hay reducción, mantenimiento o crecimiento del empleo con respecto a la RPT actual...». Desde su sección han presentado alegaciones para clarificar «cómo se van a vincular los puestos a áreas de conocimiento, algo que podría plantear problemas a la hora de promocionar, y también la vinculación a una formación específica», sin olvidar «el mayor nivel de inglés, ya que se pide más que a un profesor para dar clases en un grado bilingüe». Insiste en que se les «escuche, saber qué variaciones va a tener el plan, qué propuestas se descartan y por qué».

Natalia Vicente, de UGT, valora muy positivamente «la alta participación» de la comunidad universitaria. Su sindicato también ha presentado alegaciones a la organización administrativa, solicitando que «se tenga en cuenta la idiosincrasia de cada campus» y conocer el número de personal en las conserjerías. Con respecto a la necesidad de inglés en algunos puestos, cree que «es necesario».

La reorganización administrativa ha centrado las propuestas y alegaciones de las centrales, pero sobre el traslado de sedes y titulaciones también hay opinión. «No compartimos que se invierta en edificios viejos para reacondicionarlos. Es poner parches. Mejor sería poder construir un edificio nuevo en El Cristo para ir dando salida a Llamaquique, a Ciencias, y ajustado a necesidades cuando, además, todo este traslado no va a ser antes de dos años. Sería negociarlo con el Principado «, indica Carmen Rubio, secretaria general del SIPU.

«Además -se pregunta- ¿cómo es posible que Ingeniería Informática, una titulación tan específica, se traslade al edificio de otra titulación específica, Enfermería y Fisioterapia, y que además fue el último edificio que se levantó justo para esa formación? Nos parece una aberración».

Sobre el traslado de Minas a Mieres, dice, «no sé si la titulación allí es necesaria. El gran problema de Mieres es de comunicaciones». Y defiende que el grado de Geomática continúe en el campus de Barredo.

Ángeles Fal, de CC OO, hace otro apunte: «Se están cargando mucho las tintas en la competitividad de la Universidad, en estar entre las mejores, pero echo de menos que se ponga el acento más en el servicio público, en que la institución sea garante de derechos, de equidad» y alerta de los peligros de las menciones duales, que sí comparte en las ingenierías. «Hay que tener cuidado en que no suponga un trabajo encubierto, una mano de obra barata. En la Universidad se imparte formación superior para decidir, para innovar, para dar soluciones, no para aprender un trabajo que luego se hace repetidamente y a costa de quitar horas de docencia académica».