Roberto Fernández Llera, síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias: «Si una entidad no tiene actividad o no la ha tenido nunca, hay que disolverla»

–¿Cuáles son los principales retos de la Sindicatura de Cuentas para los próximos seis años?

–Queremos modernizar nuestra organización interna incorporando perfiles adecuados a los nuevos retos que tenemos en materia de fiscalización. Necesitamos personal especializado en auditorías de sistemas de información y especialistas en evaluación de políticas públicas, pero también completar algunos puestos que tenemos vacantes desde hace tiempo para tener una plantilla mucho más fuerte y poder afrontar los nuevos retos. ¿Cuáles son? Pues sin dejar de lado las auditorías más tradicionales, queremos abordar nuevos enfoques relacionados con los principios de buena gestión, eficacia y eficiencia.

–En el vigésimo aniversario de la Sindicatura de Cuentas, Adrián Barbón dijo que «todas las sugerencias que contribuyan al buen funcionamiento del sector público serán bienvenidas». Serán bienvenidas, pero ¿se asumen?

–Nosotros emitimos conclusiones en nuestros informes y recomendaciones que, como su nombre indica, no son vinculantes. Pero el grado de seguimiento es alto, altísimo, podríamos decir. Otra cosa es cuánto tiempo se tarda en llevarlas a la práctica, que habría que analizar caso por caso. Hay sugerencias, como cambiar un procedimiento interno de gestión de facturas, que pasado un tiempo prudencial deberían aplicarse. Pero luego hay otras recomendaciones que son de amplio calado, por ejemplo que se apruebe un proyecto de ley de Hacienda. Sabemos que es un proceso largo, complejo, pero confiamos en que esté aprobada en esta legislatura.

–¿Por qué urge tanto esa ley?

–La ley actual es de 1998 pero, en realidad, sale de un texto refundido de 1986. Cuarenta años son muchos y esa normativa tiene que ser actualizada en muchos aspectos, empezando por la delimitación de la propia Cuenta General, porque nosotros mismos nos encontramos con dificultades a la hora de determinar qué entidades del Principado forman parte de ella. Además, la nueva ley tiene que responder a una administración que ha multiplicado su tamaño. Nada tiene que ver el Principado de hace 40 años con el de este momento.

–Otra de las sugerencias habituales de la Sindicatura es la disolución de varias mancomunidades y, ahora, parece que se pretenden sustituir por áreas de colaboración intermunicipal. ¿Qué le parece esa fórmula?

–No entramos en cuestiones de organización. Lo que recomendamos cuando hay una entidad que no tiene actividad o, peor aún, no la ha tenido nunca, es que se disuelva, se liquide y se extinga. No tiene sentido mantener una ficción administrativa. Lo hemos dicho por activa y por pasiva no sólo aplicado a las mancomunidades, sino también a otro tipo de entidades como empresas públicas, sociedades y alguna fundación.

–El PP ha calificado de «escandalosa» la situación de empresas como Gispasa, Sogepsa, Zalia o Sedes a tenor de las conclusiones del último informe. ¿Es tan alarmante la situación?

–Nosotros debemos ser prudentes. Si, por ejemplo, decimos que una empresa pública cualquiera tiene 100 millones de euros de deuda, nos quedamos ahí. Las conclusiones que se deben sacar ya corresponden al ámbito de decisión del gestor. ¿100 millones de deuda es mucho o poco? ¿Es grave o leve? Nosotros no hacemos ese tipo de valoración.

–Mucho se está hablando de Sedes y de la intención del Principado de darle una segunda oportunidad. ¿Qué le parece?

–Si Sedes debe continuar como empresa pública o debe cambiar su objeto social son cuestiones que competen al gestor. Nosotros fiscalizaremos, una vez que se haya tomado esa decisión, si se ha hecho correctamente de acuerdo a la ley y si se cumple en efecto su función.

–También fue muy comentado el informe en el que se advertía de contratos menores «injustificados». ¿Es una práctica más común de lo que debería?

–Los contratos menores responden muchas veces a una planificación mejorable. Si se hiciese una planificación sobre las necesidades de contratación ordinarias probablemente no habría tanta necesidad de recurrir a estos contratos, que son una posibilidad perfectamente legítima, pero que están previstos para necesidades puntuales.

–Otro de los informes advierte de la «ausencia de control» en relación a las subvenciones nominativas. ¿El contribuyente tiene motivos para mosquearse?

–Las subvenciones nominativas, igual que los contratos menores, no están mal en abstracto, pero debería hacerse una evaluación de quiénes son los beneficiarios y de si cumplen todos los requisitos que establece la ley para evitar que se conviertan en un mecanismo de financiación ordinaria de determinadas entidades, públicas y privadas.