«Estuve 35 años sin saber qué era lo que me había pasado»

Enrique Suárez Vega nació en el Hospital de Cabueñes en 1969. Nació sin rodilla en la pierna derecha y, en su lugar, «un pie con pocos dedos». Su brazo izquierdo también es más corto y solo tiene tres dedos de la mano. En aquel momento, en el hospital no le comentaron nada a su familia de las posibles causas. Su primera prótesis se la hizo su abuelo, que era carpintero: «Me hizo una prótesis con una madreñina abajo y un palo para poder caminar», recuerda con cariño Enrique. Con 16 años, su médico le aconsejó una prótesis con mecanismos de rodilla más modernos, para lo que fue necesario intervenir y cortar la parte de la pierna derecha en la que tenía un pie. Pasaron los años y Enrique seguía sin conocer las causas que le habían llevado a nacer con esa afectación. Con 35 años, un día recibió una llamada de su madre, «en la televisión están echando un programa en el que hablan de bebés que nacieron con malformaciones y están hablando de un tema de un medicamento», le dijo su madre.

Se trataba de la talidomida y de las malformaciones congénitas que esta ha causado. Su historia es también la de Carmen, Pili, Jesús y la de los 130 españoles reconocidos por el Gobierno nacional como afectados por los efectos de una medicina que se vendió entre 1960 y 1965 a mujeres embarazadas para combatir las náuseas, y que generó una auténtica pesadilla para muchas familias.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, aprobó el pasado 4 de julio el derecho a que los afectados por la Talidomida cobrasen una indemnización por su discapacidad, tras llevar, muchos de ellos, décadas peleando por una compensación que los tribunales les habían denegado.

Pero eso sigue dando problemas. Los afectados por la talidomida denuncian el «engaño del Gobierno» al pedirles un certificado que «no se puede emitir» como requisito para solicitar las ayudas. Las víctimas explicaron que, para solicitar la ayuda, «el Imserso exige un certificado imprescindible del Registro Estatal de Enfermedades Raras, pero -según comentan los afectados- ese certificado es imposible aportarlo ya que ese registro como tal no existe».

Desde el momento en el que Enrique recibió la llamada de su madre, comenzó a investigar a fondo y se puso en contacto con la asociación de la que habían hablado en la televisión, ahí recibió respuestas: «Por el tipo de malformaciones que tengo y por los resultados de las pruebas que me hicieron me dieron el primer certificado que explicaba las muy probables causas de mi problema, la Talidomida». Lo que más le sorprendió de todo, es que el médico encargado de su prótesis no le habló de la Talidomida hasta muchos años después, «tenía ya 40 años y un día me preguntó que si había oído alguna vez hablar de la Talidomida, durante 20 años que me estuvo atendiendo nunca me dijo nada, y eso que había hecho su trabajo de fin de carrera sobre este tema».

En el ámbito laboral, reconoce tener «mucha suerte». Comenzó a trabajar con su padre, que para ayudar a la economía familiar hacía trabajos de fontanería por las tardes. «Al principio iba solo a vigilar el coche por Gijón para que no le pusieran multas», recuerda Enrique, que luego estuvo trabajando en Alcampo para sacar algo de dinero para sus estudios y cursó una formación profesional de informática. Su primer trabajo de oficina fue en una empresa en Tremañes, en la que estuvo unos años, y cuando vio que le iban a liquidar, sus padres le aconsejaron que preparase unas oposiciones. Consiguió sacar el primer puesto de la oposición a la que se presentó, lo que le permite hoy trabajar como conserje en el instituto Rosario de Acuña de Gijón. Enrique, al igual que el resto de los afectados que forman parte de la Asociación de Víctimas de la Talidomida, quiere «el reconocimiento de lo que hicieron la farmacéutica y el Gobierno, y que se disculpen», además de «facilidades para la jubilación».

La Talidomida es un fármaco desarrollado por la farmacéutica alemana Grünenthal, que se comenzó a comercializar en Alemania en 1957 y en pocos años llegó a venderse en más de 40 países. Inicialmente era un sustituto de los barbitúricos que se utilizan contra el insomnio, las náuseas y los mareos de las mujeres embarazadas. Poco después de su comercialización, se empezó a percibir un aumento de niños nacidos con alteraciones físicas graves. Los bebés nacían sin piernas o brazos o con extremidades más reducidas, con malformaciones de órganos internos o con problemas de visión o de oído. En España, los primeros casos se detectaron en el primer semestre de 1960, y, aunque el medicamento se continuó distribuyendo de forma legal hasta 1962, se ha documentado la presencia y prescripción de este fármaco hasta 1985.

El Instituto de Salud Carlos III de Madrid ha realizado más de 600 análisis genéticos para detectar anomalías congénitas en los solicitantes de la indemnización que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de julio, con la que podrán ser compensadas 130 personas. La ayuda a percibir consistirá en un pago de 12.000 euros por cada uno de los puntos de discapacidad reconocida.

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