Transportistas y usuarios exigirán a Aucalsa que devuelva los peajes cobrados durante las obras y rebaje las tarifas

Con ese conflicto en marcha, el Tribunal Supremo acaba de sentar jurisprudencia sobre lo que debe hacer una concesionaria cuando tiene la autopista en obras. La sentencia, adelantada ayer por EL COMERCIO, parte de una denuncia de En Colectivo contra Audasa, la concesionaria de la AP-9 gallega, que pertenece al mismo grupo empresarial que Aucalsa. Sostenía En Colectivo que era ilegal cobrar un peaje mientras se daban en la autopista obras que cortaban una calzada y alteraban el tráfico.

El Supremo confirma el derecho de los usuarios a «una rebaja de precio» cuando hay «un cumplimiento defectuoso del empresario». Subraya que los conductores no recibieron información sobre los atascos que iban a encontrar al acceder a la autopista, con lo que «los usuarios no consintieron la práctica de cobrarles íntegramente el peaje pese a la defectuosa prestación del servicio, porque no tuvieron la facultad de decidir».

En el caso de la autopista del Huerna desde hace un año existe un tramo limitado por el argayo que sepultó las calzadas originales, y desde el verano las obras que el Ministerio de Transportes ejecuta para modernizar los túneles se han traducido en cortes de calzada, limitaciones de velocidad y atascos más frecuentes. ¿Le es entonces aplicable la nueva doctrina?

Eso es lo que van a intentar asociaciones de consumidores y transportistas en Asturias. «La Unión de Consumidores replicará en Asturias los argumentos del Supremo, al considerar abusiva y desproporcionado cobrar íntegramente por un servicio que no se presta en su totalidad», avanzó Dacio Alonso, de la UCE. «Reclamaremos la devolución y aprovecharemos para exigir el reintegro de lo pagado de forma abusiva en base a la declaración de ilegalidad según acredita el dictamen de la Comisión», agrega.

«Desde el argayo dejó de ser una autopista para convertirse en una Nacional, por lo que debería haber suspendido las tarifas o reducirlas», abunda Alejandro Monjardín, presidente de Cesintra. La cooperativa consultará con sus servicios jurídicos los siguientes pasos a dar para reclamar la devolución de lo pagado. «Si hay que demandar se demanda», señala.

«Esta situación es nueva y tenemos que ver con nuestros abogados la manera de iniciar esa reclamación ya», coincide Ovidio de la Roza, de la patronal Asetra, quien tiene presenta que las obras de los túneles «van para largo, y sus trastornos también».

«No es justo pagar un peaje completo por un servicio que no se presta en condiciones», subraya María Calvo, presidenta de Fade. «Cuando una infraestructura acumula obras, atascos y restricciones, los usuarios no deberían asumir el mismo coste. Esta resolución reconoce ese derecho y marca un precedente importante», agrega. La patronal y las asociaciones del transporte se reunirán el miércoles con asesores legales para analizar las opciones de acelerar la supresión.

«Que se pague y no se obtenga el producto tiene un nombre y no es otro que estafa», manifiesta Ana María Rodríguez, responsable institucional de CC OO.