El tribunal de la UE encadena 55 condenas a España por ignorar dictámenes como el del Huerna

Conviene antes saber en qué punto está este conflicto. Una denuncia del exdiputado Daniel Ripa motivó que en septiembre de 2021 los juristas de la Comisión Europea revisaran el expediente que sustenta un Real Decreto capital. Es del año 2000 y a un peaje concedido a Aucalsa que debía terminar en el año 2021 le añadió 29 años de prórroga, alargando su vigencia hasta el 2050. Los técnicos de Bruselas analizaron ese hito, pero también el proceso por el cual la SEPI acabó vendiendo en 2003 la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), holding público que controlaba las acciones de Aucalsa y otras autopistas.

El pasado julio, el colegio de comisarios asumió el examen de sus técnicos y emitió un dictamen motivado. Ese informe implica que, a ojos de Bruselas, ha quedado probado que en ambos hitos (la prórroga y la venta) se vulneró la normativa comunitaria. En concreto, se entiende quebrantada una directiva del año 1993 que supuestamente obligaba a licitar ambas operaciones publicando antes un anuncio en el boletín oficial de la UE.

Esa es la posición de la Comisión, y ante ella el ministro de Transportes, Óscar Puente, opuso la defensa de los actos adoptados por un Gobierno de José María Aznar, recuerda que el dictamen no es vinculante y señaló que «tendrá que ser el TJUE el que siente si hay o no legalidad en la decisión del gobierno de Aznar del año 2000». Ahí es donde residen las esperanzas de la parte asturiana.

Un repaso a las memorias del servicio jurídico de la Comisión y a las sentencias del TJUE constata una realidad: cuando Bruselas denuncia a un país por incumplir la normativa suele tener todas las de ganar. Según las memorias que edita la Comisión, en los últimos tres años el TJUE ha dictado sentencia en 62 casos en los que Bruselas denunciaba incumplimientos de normativa por parte de países miembros; de ellas 56 se resolvieron con fallos favorables al criterio de los técnicos comunitarios. Es decir, que de media la Comisión viene ganando el 90% casos contra los países miembros.

El histórico con España es aún más desequilibrado. El 20 de mayo de 2010 es una fecha para el recuerdo de la Abogacía del Estado. Ese fue el día que el TJUE dictó la última sentencia en la que daba por completo la razón a los letrados que defendían la posición española y desestimaban las acusaciones de Bruselas. En concreto, en aquel pleito la Comisión consideraba que el lince no estaba bien protegido en Doñana, pero los jueces concluyeron que no tenía razón.

Desde aquella fecha España, encadena 15 años en los que ha recibido 55 condenas consecutivas reconociendo que incumplía normativa comunitaria. De ellas, la Abogacía del Estado puede aducir que en al menos en 13 ocasiones (el 24% de los pleitos perdidos) logró que los jueces desestimaran alguna de las varias acusaciones, que la sentencia del TJUE confirmara incumplimientos detectados por la Comisión, pero no todos los denunciados.

Con todo, el balance es elocuente. Evidencia que los equipos jurídicos de la Comisión no son imprudentes y, en una inmensa mayoría de casos, cuando dan el paso de denunciar, llevan razón. Del lado español cabría pensar que los encargados de la defensa jurídica del Estado no son los mejores, impresión quizás errónea. «La mayor parte de las veces, cuando el caso le llega al abogado de la administración, lo primero que hace es llevarse las manos a la cabeza, porque ve lo que se ha hecho mal y lo difícil que será defenderlo», explica un exletrado del Principado.

La revisión de los litigios deja pistas para lo que puede suceder ahora. En el caso del Huerna, la Comisión emitió en julio su dictamen motivado, en septiembre el Gobierno español lo respondió y ahora hay un tiempo de 'impasse' en el que ambas partes se dan un margen para negociar en secreto alguna solución que evite el conflicto judicial. Si se revisan los últimos 28 casos en los que Bruselas denunció a España tras incumplir un dictamen motivado, resulta que tuvieron que pasar 643 días de promedio. Es decir, de media ambas partes se pasan casi dos años en esta fase de diálogo.

La ocasión en la que Bruselas fue más rápida fue en 2013, cuando mediaron 74 días entre el dictamen y el recurso. La denuncia entonces se centró en las restricciones a empresas de otros países que querían entrar en la estiba. La ocasión en la que la fase de diálogo se prolongó más llegó a 1.342 días (más de tres años y medio); la discusión era sobre las exigencias específicas que ponía España a los extranjeros que tributaban por el impuesto de donaciones.

Por cierto que en la temática de los pleitos reside otra de las claves del asunto. De las últimas 32 sentencias condenatorias, 14 lo fueron por incumplimientos medioambientales, sobre todo, en materia de aguas. Bruselas ha venido mostrando una actividad menor en lo tocante a abusos de mercado; solo cinco de los últimos 32 litigios casan con esta temática. La confianza que tiene el Principado es que el nuevo ejecutivo comunitario, más conservador, ponga en el centro de su acción asegurase de que las reglas que rigen la economía sean iguales para todos, enfoque que podría hacer que la carpeta del Huerna no quede al final del cajón.

Un matiz. Las sentencias se limitan a confirmar los incumplimientos de la norma, no especifican cómo reponer la legalidad. La esperanza de Asturias es que, de llegar ese día, el Gobierno central carezca de argumentos políticos para hacer cosa distinta que suprimir el peaje.