El TSJA sostiene que los cierres del Principado están «fundamentados científicamente»

Los bares y restaurantes de los concejos aislados (aquellos que sufren las restricciones del llamado nivel 4+) no podrán abrir hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dicte su sentencia sobre el recurso que la patronal hostelera, Otea, ha interpuesto contra los dos decretos del Principado que limitan la actividad del sector en dichos municipios. Así consta en un auto que el tribunal emitió ayer y que rechaza la suspensión cautelar de sendos decretos que reclamaba Otea. No obstante, el proceso judicial sigue adelante.

Ya el pasado día 15, la sala de lo contencioso administrativo del TSJA había desestimado la apertura de la hostelería que había pedido la patronal como medida cautelarísima hasta disponer de una sentencia. En aquella ocasión, los jueces consideraron que el criterio de «urgencia» esgrimido por Otea no era válido porque los decretos recurridos son del 18 de enero y del 1 de febrero y la asociación no había acudido a los tribunales hasta entonces.

El auto de ayer no solo va en la misma dirección, sino que, tras haber escuchado los argumentos del Gobierno asturiano, considera que los informes sanitarios «reflejan el fundamento científico de la incidencia de la hostelería y restauración en la propagación del virus, bien como origen, bien como multiplicador de la cadena de contagios, hasta el punto de considerar el cierre de estos locales como una de las medidas más efectivas para la contención de la enfermedad».

Es más, el tribunal valida un informe técnico realizado por la Consejería de Salud el pasado día 16 que sostiene que la hostelería es un «vínculo indiscutible en un 25% de los brotes de contagio». Se trata de la primera vez que en Asturias se remarca con una cifra concreta el impacto que, según el Ejecutivo regional, tiene el sector hostelero en la propagación del virus. Conviene recordar que, según recientes informes del Ministerio de Sanidad, menos del 2% de los brotes de covid tienen su origen en bares y restaurantes.

Es decir, los jueces asturianos discrepan abiertamente del auto emitido el día 9 por sus colegas del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que no consideran suficientemente probado que cerrar la hostelería sirva para contener la pandemia. Otea aprovechó ese dictamen para intentar tumbar las restricciones incluidas en el sistema de cierre por concejos estrenado a comienzos de año por el Principado, y que prohíben la actividad en el interior de los locales para los municipios con una mayor incidencia del virus e incluso en terraza en casos extremadamente graves, como ha sucede ahora con Corvera, Lena y Aller.

Parte del argumento del TSJA se basa en las similares medidas adoptadas en otras zonas de España: «No cabe negar la existencia de razones fundadas por las que, a pesar de la indudable importancia de la hostelería en la economía española, las restricciones sobre su actividad sea un pilar importante en las intervenciones de la mayoría de los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas».

El tribunal destaca que la actuación del Gobierno de Adrián Barbón «vela por el interés público de todos, incluidos no solo aquellos infectados por el virus sino también y de modo especial por el mantenimiento de los servicios públicos, en particular el sanitario». Los magistrados consideran «pertinentes» las alegaciones del Principado de que «el establecimiento de medidas restrictivas y severas, también para el sector de la hostelería, pretende evitar la amenaza de colapso sanitario y tiene por objetivo garantizar la adecuada prestación de la asistencia sanitaria a toda la población asturiana frente a cualquier dolencia o enfermedad que puedan sufrir».

Según el auto judicial, «no hay duda de que la ponderación de los intereses económicos y empresariales, legítimamente invocados por la asociación recurrente, no puede dejar de tener en cuenta los riesgos para las vidas de los ciudadanos que supone esta pandemia». Por lo tanto, remarca el TSJA, «una vez ponderados los intereses públicos y privados en juego, deben prevalecer los generales de salvaguarda de la salud».

La sala, asismismo, acredita la «proporcionalidad» de las medidas tomadas en el sistema de cierres «en relación con su territorialización y con la evolución de la situación epidemiológica». «La entrada y salida por períodos bien determinados de los distintos concejos en la fase de riesgo extremo revelan precisamente el intento de la Administración asturiana sanitaria por responder proporcionadamente a los desafíos de la propagación del virus», sostiene el texto judicial.

El presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, asegura que la patronal «respeta y acata las decisiones de los tribunales, como no puede ser de otra forma», pero que el auto emitido ayer «no significa ni mucho menos el final del proceso». «Esto aún no ha acabado. Nosotros lo que pedimos es la impugnación de los decretos y es un proceso que queremos llevar hasta el final», subraya.

El texto del TSJA apunta que «las eventuales indemnizaciones que, de probarse la responsabilidad de la Administración, podrían reclamarse, permitirán de manera razonable el resarcimiento, al menos en parte, de los daños y perjuicios sufridos por los hosteleros».