La Universidad de Oviedo aprueba una norma para facilitar el uso del asturiano

Es, en boca del rector Santiago García Granda, «un avance». Un gran paso para facilitar el uso de la llingua en la Universidad de Oviedo. Su Consejo de Gobierno aprobó ayer un nuevo reglamento sobre el uso del asturiano, cuyo objeto es regular la presentación de escritos, comunicaciones y solicitudes redactados en lengua asturiana en la institución académica. Esta decisión, explicó el rector, responde a una necesaria adecuación al actual marco legal -en consonancia con la ley de uso del asturiano- y al cumplimiento de una sentencia del TSJA que considera que el anterior reglamento universitario de 2009, el cual ya admitía la presentación de documentos en asturiano en el registro, era demasiado restrictivo. A partir de ahora, la Universidad estará obligada a admitir textos en asturiano no solo en el registro, sino a través de cualquiera de sus vías de comunicación.

Además, se creará una Comisión Asesora de Normalización Lingüística, que dará consejo al rector sobre la aplicación de la norma. Es una de las novedades. Otra es que se establecerá un sistema para garantizar la traducción de los documentos cuando su correcta tramitación así lo exija.

La unidad administrativa responsable de hacerlo asumirá la tarea de incorporar al expediente la traducción «que se revele esencial» para proseguir la tramitación del procedimiento. A tal efecto, solicitará la colaboración de la Unidad de Traducción de la Administración del Principado de Asturias o del órgano universitario que eventualmente se ocupe de este cometido. Cuando se solicite una traducción al castellano de los documentos redactados y presentados en asturiano, se suspenderán los procedimientos en los que estos deban insertarse hasta la recepción de dicha traducción o hasta que transcurra el plazo establecido para efectuarla, notificando la suspensión a las personas interesadas. Esto puede generar algún retraso, dado que son más los pasos a dar.

Cabe destacar que el hecho de que la Universidad admita escritos en asturiano a través de todas sus vías de comunicación no afectará a la lengua de los procedimientos tramitados por esta que, en todo caso, continuará siendo el castellano. Así continuará dirigiéndose a los ciudadanos.

Además, el nuevo reglamento afecta únicamente a las relaciones entra la sociedad y la administración universitaria y escapará al ámbito académico, por lo que no será aplicable en las relaciones con los alumnos. Eso es algo, matiza García Granda, «que queda por regular, aunque ya se admiten trabajos en asturiano».

El presidente de la Academia de la Llingua, Xosé Ántón González Riaño, recuerda que tanto el actual marco legal de la comunidad como los propios estatutos de la Universidad establecen que «nadie será discriminado por el uso de la lengua asturiana o castellana y que se fomentará su estudio, investigación y enseñanza». En este sentido, se felicita porque las «incorrecciones» del antiguo reglamento hayan sido corregidas. Además, González Riaño destaca «la gran sensibilidad del actual equipo rectoral por la cuestión del asturiano, que ahora se pone de manifiesto». Y aplaude: «Se están dando pasos muy positivos».

El Consejo de Gobierno de la Universidad debatió 17 propuestas. Uno de los principales temas abordados es que la institución dispondrá de una partida de dos millones de euros para hacer efectivo en la nómina de este julio el incremento salarial del 1,50%, en aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El rector mostró su confianza en que «se apliquen los atrasos» y el 0,25% restante -de las previsiones iniciales del 1,75%- se pueda abonar en la siguiente nómina.

El consejo también respaldó la propuesta de acuerdo para la regulación del paro académico, algo que las asambleas de estudiantes ven como «una victoria». La norma regula la ausencia voluntaria y previamente acordada en los órganos competentes de los estudiantes de sus obligaciones académicas, con el fin de defender sus derechos y reivindicaciones. Pero no supondrá, en ningún caso, la alteración del calendario de evaluación establecido al comienzo del curso académico.

También se aprobó, entre otros, el proyecto de reglamento de Estudios de Doctorado. Los tribunales volverán a ser de tres miembros, aunque su versatilidad facilitaría que estuvieran integrados, incluso, por cinco.