Ignacio Villaverde: «Creer que la Universidad tiene que formar para un oficio es una forma de externalizar costes de formación»

En este cambio, ha aludido a «cómo el conocimiento ha pasado a convertirse en un producto, en una mercancía, cuando es un valor social», que es lo que tiene que defender la Universidad. «No formamos para un oficio, sino para que los alumnos sean capaces de desempeñar muchos oficios. Eso es lo que nos toca».

En este sentido ha indicado que «existe un gap (distancia) entre una generación que cree que debemos formar para un trabajo, cuando eso no deja de ser una forma encubierta de externalizar costes de formación». Aun así, ha reconocido que «hay algo que no estamos haciendo bien» y que falta un estudio, que se hará, «para una mayor convergencia entre la oferta y las necesidades del entorno».

También ha hablado de números. De cómo la institución académica ha ido perdiendo del orden de mil alumnos al año como consecuencia de la crisis demográfica («en vez de niños ahora se prefiere tener perros»). Dibuja una Universidad en 2030 con 15.000 estudiantes (ahora tiene 19.465), lo cual, teniendo en cuenta que se llegó a tener 40.000, «no es tampoco una tragedia, permitirá incrementar la calidad y ser una Universidad potente». «No nos horrorizaba antes la Universidad de masas?».

Y en ese escenario cree fundamental captar estudiantado foráneo, «no para compensar la caída del nacional, sino porque en un mundo globalizado es lo que toca». No habla de Erasmus, sino de captar, sobre todo, alumnado de Iberoamerica. «Tenemos que ser capaces de colaborar y de competir» en este nuevo escenario. El porcentaje que marca como idóneo es de un 10 por ciento (ahora hay un uno por ciento) de alumnos de otros países.

Otro de los objetivos es aspirar a un presupuesto de 220 millones (el actual supera los 217), con un peso en la financiación del Principado del 6 por ciento (ahora es del 4,2 por ciento) y un incremento de la financiación privada, que llegue a los diez millones de euros frente al millón presente, y que represente el 5 por ciento de las cuentas universitarias.

Ha defendido una financiación por objetivos («no pedir y pedir»), «ser más claros» y, sobre todo, «un cambio de estructura organizativa de arriba abajo, en el que la gestión también esté profesionalizada. A eso hay que darle una vuelta. Han dejado 217 millones de euros en manos de un catedrático de Derecho Constitucional. Que somos apañados, pero en otras ocasiones ha sido un desastre», refiriéndose a otras universidades.

«Reclutar mejor a investigadores y personal de administración y servicios (si necesito un buen analista de datos, para qué quiero que sepa la Constitución?)», ser capaces de poner en el mercado «aquello que emprendemos» y «estar presente en los sitios, porque estamos muy acostumbrados a que vengan a buscarnos» son otros de los retos.