La Universidad de Oviedo aprueba una oferta de empleo de 239 plazas

Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo/HUGO ÁLVAREZ
Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo / HUGO ÁLVAREZ

El consejo de Gobierno ha acordado este jueves el presupuesto que regirá la institución académica durante 2019 y el Protocolo para la prevención contra el acoso

EUROPA PRESS

El consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha acordado este jueves el presupuesto que regirá la institución académica durante 2019, que asciende a 208,32 millones de euros. En la reunión del consejo se ha dado también luz verde a una Oferta Pública de Empleo (OPE) de 239 plazas y al protocolo de prevención contra el acoso en la Universidad.

En rueda de prensa, el rector, Santiago García Granda, ha explicado que el presupuesto de 2019 aumenta en algo más de dos millones de euros respecto al del pasado ejercicio, un 1 por ciento, con lo que la Universidad ha hecho una «contención de gasto evidente» al incrementarse en menor medida que en ejercicios anteriores. Las transferencias del Presupuesto autonómico, por su parte, ascienden a 135,34 millones de euros.

Para el capítulo de personal la institución académica contará con 141 millones de euros, de los cuales el Principado aporta 129 millones, lo que deja un «agujero» de 12 millones que la Universidad pretende reclamar al Principado. El Principado, ha criticado el rector, incluyó esta partida «con conocimiento de causa», con lo que será «difícil» que la situación revierta. «Aunque no desesperamos», ha asegurado, ya que la Ley Orgánica de Universidades prevé que la administración autonómica financie «íntegramente» el capítulo de personal de las cuentas universitarias.

Este desencuentro con el Principado se suma a las distintas interpretaciones que ambas partes realizan del convenio vigente en lo relativo al retorno de las pérdidas de ingresos por matrículas. El presupuesto autonómico que se aprobará antes de que finalice el año incluye una reducción de las tasas universitarias del 25 por ciento, y el Principado afirma que el retorno del dinero debe hacerse el curso siguiente a la pérdida. «Nos gustaría que no fueran tan estrictos en esto», ha subrayado el rector.

A juicio de García Granda, «no es razonable» la postura del Principado ya que la reducción del 25% de las tasas, que la Universidad apoya, supondrá una merma de 4 millones de euros. «En un presupuesto ya muy ajustado, la repercusión es altísima», ha lamentado.

La gerente de la Universidad, Ana Caro, ha añadido en este sentido que se debería «repensar» la literalidad del convenio. Para ello, ha anunciado que en enero tanto la Universidad como el Principado estarían dispuestos a sentarse a renegociar el convenio.

Por otro lado la Universidad ha sacado adelante 239 plazas de empleo público con las que pretenden cubrir al cien por cien la tasa de reposición. «Sacamos todas las plazas que podemos sacar», ha asegurado el rector. La Oferta se desarrollará hasta 2020.

La gerente de la Universidad ha precisado que se sacarán 56 plazas de profesor titular, 56 de catedrático, tres de profesor contratado doctor, diez de profesor contratado doctor Ramón y Cajal, 38 de personal administrativo funcionario y 48 de personal de administración y servicios laboral.

El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su última reunión del año, ha aprobado también el Protocolo para la prevención y procedimiento de actuación en casos de acoso moral, un instrumento «muy importante» que tiene que observarse como «instrumento de prevención», según Caro.

«Es un instrumento de prevención, reivindicativo de la dignidad de las personas que trabajan en nuestra Universidad», ha añadido, para destacar la necesidad de que en la institución académica haya un clima de trabajo «adecuado y de calidad», que preserve la dignidad de las personas y su salud, tanto laboral como su clima de trabajo.

El protocolo abarca a los empleados, empresas y estudiantes que tienen relación con la Universidad, y aspira a que la interrelación entre todos los colectivos responda a los objetivos de convivencia y ausencia de conflictos. El protocolo tiene una primera parte de mediación en conflictos, que será de carácter voluntario, y una segunda de investigación de denuncias. Esta última parte servirá para dirimir si los hechos denunciados son o no acoso, si es una falta disciplinaria o si hay delito. En caso de que así sea, la comisión del protocolo deberá poner en conocimiento de la Fiscalía el suceso.

La Universidad ha dado también luz verde a su Plan de investigación para 2019, y ha aprobado la propuesta de designación de los representantes de los estudiantes en las comisiones delegadas del Consejo de Gobierno y el calendario laboral para 2019 entre otros asuntos.