Varela: «Yo también fui a la Policía a por el certificado para el bono social de mis padres»

Varela: «Yo también fui a la Policía a por el certificado para el bono social de mis padres»
Pilar Varela, durante su comparecencia. / PABLO LORENZANA

No ve «ningún problema» en que agentes visiten en sus casas a beneficiarios del salario social. «Si lo hacemos nosotros, vamos a la hoguera», dice el PP

CHELO TUYA GIJÓN.

«La Policía es la encargada de realizar los certificados de convivencia. No sé porqué hace problema de que acudan a los domicilios. Pueden ir a cualquier casa. Incluso a la mía. Yo he ido a la Policía Local a solicitar el certificado de convivencia cuando pedí el bono social para mis padres». Pilar Varela defendió ayer el control que, tal y como adelantó EL COMERCIO, realizan agentes de la Policía Local sobre aquellos beneficiarios del salario social a los que no localiza el Principado o sobre los que hay sospechas de alguna irregularidad.

«Yo no tengo ninguna competencia sobre la Policía Local», afirmó la consejera de Servicios y Derechos sociales. «Sobre esa policía mandan los alcaldes y las alcaldesas», continuó. «A ellos acudimos cuando nos vienen devueltas hasta tres veces las cartas de beneficiarios de salario social. Lo que hacemos es pedir colaboración a los servicios sociales municipales a los que digo que necesito localizar a esa persona. ¿Y cómo cree que la localizan los ayuntamientos? Pues enviando a la Policía Local».

Respondía la consejera socialista a la crítica que, sobre la utilización de la Policía Local, realizó el diputado del PP Matías Rodríguez Feito. «No nos gusta, consejera, se lo tengo que decir. Si llegamos a hacerlo nosotros, acabamos en la hoguera», le espetó el diputado.

«Si me devuelven las cartas, ¿me cruzo de brazos y sigo pagando la nómina a esa persona?»

«No pienso en hogueras, yo solo pienso en el Estado democrático y en derechos de los ciudadanos», le contestó Pilar Varela, quien insistió en que «si mando una carta a un beneficiario, me la devuelve; la vuelvo a mandar, me la devuelve, ¿qué voy a hacer? ¿cruzarme de brazos y seguir mandándole la nómina o a través de los servicios sociales saber si la dirección es correcta, si vive solo o en familia?».

La consejera defendió «el salario social que damos en Asturias», ya que, recordó, «es la mayor prestación del país. Solo nos superan Navarra y País Vasco, que están fuera del régimen general». Con más de 22.000 nóminas al mes de las que se benefician el 5% de la población regional, Varela insistió en que «el crédito para pagarlo es ampliable hasta donde se necesite». Calcula que este año «acabaremos con 120 millones de gasto», ya que desde 2017 «notamos un descenso en la demanda de esta ayuda que llega a quien nadie tiene».

3.000 asturianos en el limbo

Además del salario social, durante su comparecencia en la Junta General la consejera de Servicios y Derechos Sociales también tuvo que responder en materia de política de vivienda pública y en lo relativo a la aplicación de la Ley de la Dependencia.

En el primero de los aspectos, Varela, que acudió acompañada del director general de Vivienda, Fermín Bravo, destacó que el parque de viviendas asturiano es «el más grande del país tras el de Extremadura», dotado con 9.720 pisos.

Sin embargo, desde Podemos Rosa Espiño la acusó de «pasar la pelota» a los consistorios en la falta de atención a los inmuebles y en el reparto de los mismos. «Hay ayuntamientos en los que no dejan presentar la solicitud si se trata de un desahuciado por alquiler», reprochó Espiño. Sobre desahucios también interpeló la diputada de Foro Patricia García, quien criticó el caso de los dos ancianos ovetenses que acabaron durmiendo en el Campo de San Francisco también ser expulsados de su vivienda. «Es imposible resolver lo que no se conoce», respondió la consejera, quien aseguró que ni el Gobierno regional ni el juzgado conocía datos sobre los afectados, porque no se habían personado en el proceso judicial.

No obstante, apuntó que ya se ha acordado con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de concejos modificar el actual convenio con el que se trata de evitar situaciones de emergencia. En su opinión, todo será más rápido y ágil si se aprueba la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.

Sobre la Ley de la Dependencia, reconoció Varela que hay más de «3.000 asturianos en el limbo, pero necesitamos recursos para poder atenderles», en referencia a la deuda del Estado con las autonomías.

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