«Un padre que pega a la madre no debe tener la patria potestad de los hijos», alerta el juez del Supremo que presentó una guía de buen trato a las víctimas

Vicente Magro, María Martín, Almudena Cueto e Ignacio Vidau. / PIÑA
Vicente Magro, María Martín, Almudena Cueto e Ignacio Vidau. / PIÑA

«Una mujer tarda una media de cinco años en denunciar», afirma Vicente Magro

PABLO SUÁREZ / CH. T. OVIEDO.

La víctima de maltrato debe declarar, en la fase de instrucción, ante el juez o la jueza «con intimidad y de forma extensa». Para que el encargado de poner en marcha el proceso judicial conozca todas las causas que han llevado a la mujer a denunciar y no solo la agresión que colmó el vaso. Ante el tribunal, «no se debe sentir culpable». Y, mucho menos, «humillada». Se debe evitar hasta el contacto visual con el agresor y ella debe ser informada de todo el proceso y permitir su intervención «en la fase de ejecución de la sentencia».

Son algunas de las normas que incluye la guía de buenas prácticas judiciales para la declaración de las víctimas de violencia de género en todas las fases del procedimiento realizada por el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Un documento que ayer defendió en Oviedo el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Vicente Magro. Invitado por el Colegio de Abogados de Oviedo, el juez participó en un acto junto al presidente del Tribunal Superior de Asturias (TSJA) Ignacio Vidau; la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, y la responsable de Igualdad del órgano colegial, María Martín, Magro aseguró que «las víctimas de violencia de género no son víctimas normales. Todas las víctimas tienen que ser protegidas, pero una víctima de violencia de género es una mujer que ha estado un mínimo de cinco años maltratada».

Maltrato institucional

Por ese motivo, «cuando va a un juzgado o a una comisaría no puede ser atendida y puesta en una cola de dieciséis personas», criticó Magro. «Debe entrar y ser atendida inmediatamente. Si no, estamos sumando al maltrato de su pareja un maltrato institucional por nuestra parte», aseveró. En su opinión, «cuando denuncias un robo, sabes que no vas a llegar a casa y te vas a encontrar al ladrón. No podemos decir a la víctima que denuncie sin haber antes hecho nosotros los deberes».

No obstante, apuntó que «la mujer tiene que confiar en el sistema. A veces este tiene defectos, pero también muchas virtudes. Somos el único país con juzgados especializados en violencia», recordó. Considera que para parar la violencia de género «necesitamos que se terminen de aprobar de una vez por todas las 200 medidas propuestas contra la violencia de género. El paso que nos queda es lograr su aprobación. Yo mismo intervine en el Senado para reclamarlo. Muchas necesidades de protección de las víctimas vienen de una falta importante de una ley que diga como proteger mejor a esa persona. Si la ley es defectuosa, la culpa no es del juez».

En esa línea, dejó claro que «los menores son víctimas directas de la violencia de género, aunque no sean ellos los que sufren un maltrato físico. La protección debe ser máxima. Ver como un padre pega a una madre es un hecho suficiente para que esa persona no pueda tener la patria potestad». Del 'caso de la manada', cree que la composición del tribunal no influyó en la sentencia. «Lo que influye son las pruebas. Sea mujer u hombre quien juzga, lo importante es que haya un buen trato institucional», sentenció.

Más noticias