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Gijón

23.04.09 -

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Pólvora europea, por Pedro Herrero
No tengo conocimientos suficientes sobre contratación pública para comentar ni el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE ni los 12, 43 y 49 del Tratado CE, ni la sentencia Succhi di Fruta, en el que entienden que la modificación de un contrato sólo puede llevarse a cabo: si no afecta a ninguna condición esencial de la licitación o la posibilidad de modificar esté prevista de forma clara. No puedo comentar la carta de emplazamiento de la CE al Gobierno ni el duro dictamen que declara que hemos incumplido las obligaciones impuestas por las directivas y el tratado. Sólo decir que cuando algunos afirmaban que la financiación europea del modificado «estaba asegurada» yo me asombraba.
Ahora, cuando el lento tren de la realidad se va imponiendo sobre las declaraciones interesadas, ya puede decirse que la decisión de continuar la obra puede habernos costado a los asturianos/españoles 230 millones (entendiendo el concepto de 'coste de oportunidad' como la no realización de una inversión alternativa). Al conocerse el cambio sustancial de las condiciones del pliego de licitación (acceso a las canteras) debería haberse parado la obra, volviendo a licitarse el contrato. Este nuevo proyecto sí podría haberse enviado a la UE en busca de nueva financiación. Se quiso proteger a la UTE Dique Torres, en un clásico conflicto de intereses generado al coincidir las necesidades de quien quiere acabar la obra (Autoridad Portuaria) con las del adjudicatario. Se cometió un error. En el Reino Unido uno que se bajó de un coche con un papel acabó dimitiendo porque le sacaron una foto. En el país del Lazarillo de Tormes la culpa, seguro, sería del fotógrafo.

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