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61 euros

José María Urbano

Jueves, 7 de agosto 2014, 20:59

El Consejo de Administración de la ZALIA, sociedad en la que participan el Principado, los ayuntamientos de Gijón y Avilés y los dos puertos respectivos, ha tomado la decisión de bajar los precios de las parcelas para su comercialización, dejándolos en 61 euros el metro cuadrado, posiblemente la oferta más baja de todo el área central asturiana, tal y como ha informado LA VOZ-EL COMERCIO. Agentes inmobiliarios y empresas del sector podrán habilitarse para llevar a cabo esas compraventas de parcelas.

Hay dos aspectos que convendría analizar desde Avilés. Primero, reflexionar sobre el papel del ayuntamiento y puerto avilesinos en ese proyecto, que favorece prácticamente por entero a Gijón y a su puerto. El interés general al que se apeló en su día, exponiendo incluso alguna recomendación europea al respecto, en aras a evitar los localismos, parece hoy superado. El interés general, como la fidelidad, se entiende siempre que es bidireccional, pero Avilés apenas puede exhibir alguna contrapartida que haya recibido a cambio de esa «entrega a la causa» de la que ha hecho gala siempre, uno no sabe si por convencimiento o por mera sumisión de nuestros responsables políticos ante las directrices de los aparatos de sus partidos y gobiernos.

En todo caso hay una segunda cuestión que debería preocupar y emplear al equipo de Gobierno de esta ciudad, que preside Pilar Varela. Frente a los 61 euros que va a ofertar la ZALIApara cada una de sus parcelas, ¿cuál es la oferta que existe en Avilés para atraer posibles inversiones de empresas que estén buscando terrenos? En la comparativa, la opción de Avilés es claramente perdedora. La SEPI, propietaria del PEPA, el polígono industrial más relevante de nuestro entorno, está vendiendo a 160 euros el metro cuadrado de parcela industrial y a 220 euros la parcela de uso terciario, el más pegado a la superficie del edificio de CSC.

Avilés, que recibió esos terrenos como compensación del achatarramiento de la cabecera siderúrgica por efectos del Plan de reconversión del 92, como uno de los elementos clave de la reindustrialización, debería tener algo que decir en esta cuestión. Y lo mismo se puede decir sobre el gran fracaso de las comunicaciones con el PEPA y con el puerto desde la Y. El Ayuntamiento de Avilés no pude seguir impasible ante este continuo juego al que están sometiendo a la ciudad tanto el Gobierno central como el del Principado, enzarzados en una pelea tan absurda como estéril sobre quién es el culpable de los retrasos. Precios, comunicaciones y mejora del medio ambiente de las Baterías de cok son tareas exigibles al Ayuntamiento de Avilés ante una competencia de la ZALIA en la que, encima, se participa económica y accionarialmente.

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