El CTA demanda al exgerente de Roces por falsear el número de viajeros

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) ha demandado al antiguo responsable de la empresa Roces por haber falseado, supuestamente, sus cifras de viajeros con el fin de engordar las cantidades que percibía de dicho consorcio.

La denuncia está siendo investigada ahora por el juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, donde ayer comparecieron varios testigos para dar su versión de los hechos denunciados. Tanto esos testimonios, como otras pruebas que pueda estimar necesarias el juez, tratarán de determinar si la empresa había utilizado tarjetas y abonos del CTA para engordar sus cifras.

Las sospechas apuntarían a que los responsables de la compañía -u otras personas a sus órdenes-, habría validado en las canceladoras electrónicas de los autobuses un número importante de viajes que no habrían sido realizados por viajero alguno.

De ese modo, se habría tratado de engordar la liquidación mensual de viajes realizados con esos abonos y que cada empresa entrega al CTA cada mes para recibir el pago correspondiente por dichos servicios.

Ahora, la investigación judicial en curso debería determinar si realmente la empresa actuó de esa manera y, en su caso, cuál fue la magnitud de esa supuesta conducta fraudulenta. De ese modo, la retirada de la concesión a Roces de los servicios de viajeros entre Avilés y Luanco podría no haber sido el última episodio vinculado al deterioro de los servicios de una empresa de transportes que lleva inactiva desde marzo del pasado año.

Concesión

Entonces, la dirección general de Transportes del Gobierno asturiano anunció la retirada a Roces de la autorización para cubrir los distintos servicios entre Avilés y Luanco, que incluía además líneas por diversos barrios y parroquias de los concejos avilesino y gozoniego. Además, la empresa también perdió la autorización para prestar diversos servicios de transporte escolar en la ciudad.

La rescisión de esas autorizaciones, según informó entonces el Principado, respondía a que la empresa no había aportado la documentación exigida que permitiría verificar que cumplía los requisitos legales entonces en vigor. Hasta aquel momento, sus servicios habían sido objeto de repetidas quejas de los usuarios y sus vehículos llegaron a ser inmovilizados por la Policía Local al incumplir las condiciones exigidas. Desde entonces, dichos servicios han sido asumidos por una Unión Temporal de Empresas (UTE) a la que sucederá Autos Villa a comienzos del próximo año tras hacerse con la concesión.