Alcoa y su negocio

Cuando en plena campaña privatizadora del primer Gobierno de José María Aznar, Alcoa se hizo con la antigua empresa pública Inespal se dijo que los americanos habían culminado una operación redonda para controlar todo el conglomerado del aluminio español. Oficialmente Alcoa pagó al Estado español, a la SEPI, la cantidad de 410 millones de dólares (se habló también de 383), pero de esa cifra hubo que descontar 200 millones para afrontar la deuda anterior del grupo, debido sobre todo a inversiones, y otros 100 millones más por sendas reclamaciones del nuevo propietario. Un negocio ruinoso, reconocido por los responsables de la SEPI, que hablaron poco después de «una operación deficitaria para el Estado español».

Pero aún había más. LA VOZ DE AVILÉS fue el periódico encargado de desvelar uno de los apartados de la 'letra pequeña' de aquel contrato, el relativo a la tarifa eléctrica. En efecto, el contrato de venta recogía una garantía sobre el precio de la tarifa eléctrica que iría de 1998 a 2007, más otros cinco años suplementarios, con cargo a las arcas del Estado, al establecerse una cláusula según la cual la SEPI pagaría el coste extra energético a partir de unas variables establecidas. Es decir, se fijaba un precio para el kilowatio durante todo ese tiempo y todo lo que pasara de esas cifras lo abonaría el Estado. Así hasta 2013 y con un tope establecido: que el desembolso de la SEPI no superase el precio pagado por Alcoa por la empresa. Ese acuerdo no impidió que Alcoa pasase en 2008 una factura a la SEPI por 37 millones de euros en concepto de consumo de luz extraordinario.

Alcoa, como todas las multinacionales, es muy importante para el tejido industrial de Avilés y de Asturias. Da empleo directo a más de 400 personas y genera un destacado negocio a su alrededor. El del puerto, sin ir más lejos. Pero Alcoa, como casi todas las multinacionales, explota desde hace años la amenaza de la deslocalización cada vez que la cuenta de resultados o el bono para sus accionistas no sigue la senda marcada. En ese momento, el compromiso, la responsabilidad social corporativa, que tantas páginas ocupa en sus memorias anuales, pasa a un segundo plano.

Y en ese momento de poco sirve que encima de la mesa se expongan datos como el de ese 'acuerdo' sobre la tarifa eléctrica que le ha supuesto una sangría a las arcas del Estado; o que esta región entera se volcara con la multinacional norteamericana cuando en la noche del 10 de junio de 2010 sufrió una gravísima avería como consecuencia de una inundación provocada por una increíble tormenta; o que en menos de 12 horas se plantara el consejero de Industria en sus instalaciones y asegurara a la dirección que habría subvenciones autonómicas para asegurar su continuidad; o que, en fin, miles de personas se lanzaran en manifestación por las calles de Avilés pidiendo al Gobierno central una solución para la tarifa eléctrica con el fin de que Alcoa «se quede entre nosotros».

Alcoa envió ayer desde Madrid un mensaje que a los pocos minutos se le fue de las manos, cuando alguien aventuró que su fábrica de Avilés estaba al borde del cierre por culpa de la tarifa eléctrica. Veremos si hoy mantiene la amenaza o la matiza, después de haber conseguido, una vez más, meter el miedo en el cuerpo -a nadie se le escapa que Alcoa ha cerrado fábricas en Europa- para provocar la movilización social y de las instituciones y al final conseguir que le arreglen su negocio.

(El problema de este país con el coste de la energía es indudable, pero ese es otro asunto).