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Aréstegui y la cacería habitual

José María Urbano

Miércoles, 5 de agosto 2015, 18:35

A Joaquín Aréstegui hay mucha gente que le tiene gana desde hace años, dentro y fuera de la política. Es un hecho incuestionable que se conoce bien en Avilés. Empezando por su propio partido. Es más, empezando por la presidenta de su partido, que lo primero que hizo cuando desembarcó en lo más alto de la cúpula directiva asturiana fue cargarse de un plumazo al que durante la legislatura anterior había sido el portavoz más activo del grupo popular en la Junta General del Principado. Le dieron un cargo en la SEPI para agradecerle los servicios prestados y que se mantuviera callado. Y a fe que lo ha cumplido.

El problema es que hay un cargo del que no le han podido defenestrar, porque aunque en el PP estén acostumbrados a los dedazos para decidir candidatos y hasta aspirantes a presidente del Gobierno, Aréstegui sigue siendo después de años el presidente del PP de Avilés, un cargo que no depende de la decisión de ningún cargo orgánico, sino de algo mucho más democrático y saludable: de los votos de la militancia de Avilés. Y Aréstegui ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado. Bien es cierto que ha tenido oposición interna, personas que con nombres y apellidos le han criticado, incluso con dureza, no como ahora, que nadie ha dado la cara, pero al final los votos han decidido. Son las reglas de la democracia.

Aréstegui ha saltado estos días al primer plano de la actualidad por el caso Pokémon, ese sumario que instruye una jueza de Lugo y que tiene ramificaciones en Asturias. Hace meses se desveló que la empresa Aquagest le había pagado un fin de semana en el balneario de Las Caldas, una torpeza mayúscula por su parte, jugándosela, personal y políticamente, por una habitación de hotel, una cena y un masaje. La semana pasada las cosas sonaron más fuertes: registraron su casa. La Policía, dicen, se llevó dinero y documentación de su piso, sin que haya trascendido ningún detalle más de forma oficial.

Y a partir de ahí, el escenario archiconocido en estos casos. Olvidada la presunción de inocencia para alguien que ni siquiera está imputado ni del que se conoce la acusación concreta que le pueda tener reservada la jueza del caso, todo el mundo espera el «único desenlace» posible: que salga públicamente a proclamar su culpabilidad, que confiese a cuántos millones asciende el pago a sus apoyos a la empresa concesionaria del agua, los viajes que ha hecho por el mundo y que, de inmediato, diga que presenta la dimisión irrevocable. Y que se vaya avergonzado para no volver nunca más.

Es lo que esperaba su presidenta, que salió en las primeras horas muy ofendida públicamente a reclamar una explicación, echando así un poco más de leña al fuego, eso sí, sin esperar prudentemente a hablar con el protagonista del registro de su casa. Y de ahí hacia abajo, la habitual cacería en esta región, en donde siempre es urgente cobrarse una pieza, máxime cuando se lleva años detrás de ella. El problema es que Aréstegui sale en rueda de prensa y dice lo que va a decir cualquiera que quiera defenderse: que no ha hecho nada, que nadie le ha acusado de nada, que no está imputado y que por no saber, no sabe ni lo que la Policía se llevó de su casa. ¿Y ahora? La presidenta del PP ya da marcha atrás. «No nos precipitemos». Está bien que se lo aplique ella. ¿Y los demás? Pues a esperar que la jueza del caso exponga la acusación concreta e impute a Joaquín Aréstegui para que todos sepamos qué ha hecho o qué no ha hecho.

¿Cabe otra cosa en un Estado de derecho? Con indicios no se puede acusar ni condenar a nadie. La Policía que registró su casa, ¿es la misma que situó a un concejal del Ayuntamiento de Avilés en una reunión en Barcelona a la que no asistió, pero que le valió estar imputado y hacer el paseíllo camino del Juzgado, para en cinco minutos poder demostrar la metedura de pata y la torpeza policial a la que hizo caso otra jueza, ésta de Avilés?

Aquí sólo hay un dilema. O se cree o no se cree en el Estado de derecho. Joaquín Aréstegui tiene todo el derecho a reclamar un poco de respeto hasta que la jueza decida. Y cuando eso ocurra, que cada uno asuma sus responsabilidades, Aréstegui incluido, por supuesto.

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