«El ataque institucional contra las viviendas de uso turístico es impresentable y delictivo»

Lo primero que ha pedido es «que se aplique la sentencia y que a toda esa gente que le pegaron con la ventanilla en las narices desde que establecieron la norma hasta hoy, los tienen que legalizar». Su asociación ya había presentado «antes que Vox» una demanda contra la instrucción que «condicionaba la actividad responsable al inicio de actividad a unas condiciones que se sacaron ellos de la manga».

Esta sentencia «tumba completamente toda la modificación que hizo por su cuenta el Ayuntamiento y que aplaudió el Principado», explica.

En su opinión, «el ataque institucional que se está haciendo contra las viviendas de uso turístico es impresentable y más aún, delictivo, porque primero se parte de que no existe normativa y que hay que sacarla para regular las viviendas, y después porque crean desórdenes de convivencia y alteración de los planes de ordenación urbana, cuando todo es mentira». Su crítica va más allá al considerar que desde las instituciones «hacen una conexión entre la escasez de vivienda y la de uso turístico entendiendo que el problema de escasez viene vinculado a que existen las otras y si se ven los porcentajes son completamente insignificantes.

Manuel Herminio García aseguró que el Ayuntamiento «tendió una trampa» y dudó que puedan llegar hasta el Tribunal Supremo porque «la sala del TSJA, a buena lógica, tiene que analizar que no hay causa para llegar hasta una casación».

La sentencia, a su entender, «se corresponde plenamente con la normativa que existe para las viviendas de uso turístico porque la normativa de turismo del Principado contempla todas las posibilidades de regulación, hasta establecer prohibición, limitaciones y esto ya viene así desde 2001, igual que con el resto de las actividades». En ese sentido, recordó que las zonas turísticamente tensionadas se analizan y «se decide si se establece una moratoria o una prohibición, pero aquí están a ver quién la hace más gorda para destacar, con la anuencia de que Avilés durante año y medio estuvo paralizando una actividad económica y a nadie se le va a exigir responsabilidad porque los políticos no tienen ninguna penalización».