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Tejero, el pasado 4 de diciembre, en la Audiencia. P. LORENZANA
La Audiencia Provincial condena a Tejero a dos años de cárcel por estafa

La Audiencia Provincial condena a Tejero a dos años de cárcel por estafa

El empresario ocultó información fundamental a Canivell y Fernández S. L. en la venta de dos terrenos que terminaron rindiendo menos de lo esperado

C. DEL RÍO

AVILÉS.

Viernes, 29 de diciembre 2017, 00:53

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La Audiencia Provincial ha condenado al empresario avilesino José María Tejero a dos años de cárcel como autor responsable de un delito de estafa agravada. Le impone una multa de 2.400 euros y, subsidiariamente, un día de prisión por cada dieciséis euros no abonados, además del pago de una indemnización a la empresa Canivell y Fernández S. L. de las cantidades que se determinen en la ejecución de sentencia.

Canivell y Fernández S. L. sentó en el banquillo de los acusados al máximo accionista delReal Avilés por un presunto delito de estafa que ahora ha confirmado el órgano judicial. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La empresa acusó a Tejero, en calidad de representante legal de Team Inmobiliario, de mentir y ocultar información en la venta de unos terrenos en los que operan sendas gasolineras. Canivell adquirió estas propiedades creyendo que ambos negocios tendrían que pagar un canon de 18.000 euros al año por cada litro de gasolina servida hasta el año 2028 y la realidad fue que se había acordado una rebaja de ese canon hasta los 12.000 euros de la que no fueron informados y que tampoco constaba en el Registro de la Propiedad. Tejero también ocultó que los rendimientos económicos de esos terrenos habían sido pignorados (cedidos) a favor del Banco Sabadell en garantía de un préstamo hipotecario contratado en julio de 2009.

La sentencia de la Audiencia Provincial da la razón a la empresa Canivell y Fernández, representada por Javier García Menéndez, y considera probado que Tejero, «con el propósito de obtener un beneficio patrimonial injusto», vendió a Canivell y Fernández dos fincas en la avenida de San Agustín y en Villalegre, en las que operaban sendas gasolineras de Shell que tenían que abonar una cantidad anual variable en función de los litros de gasolina servidos que, en ningún caso, sería inferior a 18.000 euros. Estos derechos reales de superficie se extinguían en 2028, según consta en escritura publica de noviembre de 1996. Con estas condiciones reflejadas en la escritura de compraventa de 30 de diciembre de 2011, Canivell pagó 358.000 euros.

Al tribunal asegura que el testimonio del máximo accionista del Real Avilés «carece de credibilidad»

Pero «el acusado faltó a la verdad ocultando a la parte compradora la modificación a la baja de una parte de los cánones variables», como quedó recogido en escritura pública de diciembre de 2001. En la misma se acordó rebajar de una peseta a 0,80 céntimos, más el IVA correspondiente, por cada litro de carburante. Además, el canon mínimo anual se situó en 12.000 euros en lugar de los 18.000 iniciales. De la modificación no se informó al Registro de la Propiedad y Canivell no la conoció cuando suscribió la compraventa.

«Asimismo el acusado ocultó a la parte compradora que los cánones variables anuales derivados de los derechos de superficie sobre las fincas vendidas habían sido pignorados por él mismo actuando en representación de Team Inmobiliario S. L. U. a favor del Banco Sabadell, en garantía de un préstamo hipotecario», firmado en julio de 2009. Es decir, los pagos de las gasolineras instaladas en los terrenos comprados por Canivell en vez de ir a las cuentas de esta empresa iban a la amortización de un préstamo de 400.000 euros en el Banco Sabadell. Si la primera modificación (la de rebajar el abono por litro de gasolina de una peseta a 0,80 y de un mínimo de 18.000 euros a 12.000) ocasionó un perjuicio económico a Canivell de 99.166 euros, la pignoración a favor del Sabadell privaría a la compradora de otros 568.573,82 euros. En su lugar, solo ingresó 21.622,48 euros de los derechos de superficie de la finca de Villalegre en el año 2012.

La sentencia recoge, tal como había declarado el representante de Canivell y Fernández S. L. durante el juicio celebrado el 4 de diciembre, que de haber conocido estas condiciones la empresa no habría adquirido los terrenos o habría pagado menos por ellos.

Contrapone la declaración «sin incurrir en contradicciones ni vaguedades» de este representante frente a un acusado que «carece de credibilidad». Recuerda que es un empresario experto, por lo que no resulta creíble que no recordara las modificaciones ni la pignoración.

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