La comisión del agua se constituye un año después de aprobarse en el Pleno

La comisión acordó reunirse dos veces al mes, siendo el próximo encuentro el quince de diciembre, viernes. En ese punto, hubo dos posturas enfrentadas: el PSOE, que defendía una periodicidad semanal, mientras la oposición, especialmente Somos e IU, pedían mensual.

El gobierno apeló a los informes jurídicos para vetar que las reuniones fuesen públicas, lo que IU y Somos reclamaban para las comparencias. En este punto, los informes recordaron que las personas invitadas no se encontraban obligadas a acudir. Desde la oposición se acordó solicitar documentación, si bien antes de facilitarla deberán remitir un listado de referencias.

A partir de ahí, en función de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la confidencialidad en la gestión empresarial se determinará los documentos que se puedan estudiar, según se manifestó en el gobierno.

Tras la reunión, el concejal Manuel Campa, uno de los tres ediles socialistas en la comisión, junto con la alcaldesa, Mariví Monteserín, y la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, destacaba que «todo el mundo, incluso los concejales de Somos e IU, reconocen que el proceso de cambio de gestión ha sido legal y administrativamente perfecto». Campa reprochó a la oposición tratar de crear «un circo y dilatar el proceso todo lo posible».

El portavoz del grupo municipal del PP, Carlos Rodríguez de la Torre, recordó que su grupo no había solicitado esta comisión, aunque siempre defendería «la máxima transparencia dentro del respeto a la legalidad». El edil avanzó que su grupo trabajará para evitar que «la comisión sea un circo» y se trabaje con «normalidad y tranquilidad».

Los ediles de Somos se mostraron más críticos con el gobierno. La concejala Yolanda Suárez denunció el «veto a la información necesaria para investigar», asegurando que «no entendía los problemas para facilitar documentación de una sociedad participada por el Ayuntamiento». También defendió que las reuniones fuesen publicas, apoyando las propuestas de Izquierda Unida de aplicar el modelo utilizado en el Ayuntamiento de Oviedo.

«No entendemos que el gobierno sea tan estricto al aplicar el Reglamento Orgánico y no permita que se vote si la comisión es pública o no y, sin embargo, entienda más ampliamente el Reglamento y permita la presencia de técnicos, como la de comunicación, que no deberían estar», afirmó Suárez.

Izquierda Unida también cargó contra el PSOE al recordar que la propuesta de crear la comisión se había planteado en el pleno de noviembre de 2015 y «tras no debatirse exactamente el punto propuesto por los convocantes, fue una sentencia judicial lo que obligó a repetir el pleno y aprobarse la comisión», señaló la portavoz Llarina González Moreno.

IU también denunció que la alcaldesa mantuviese la presidencia ya que «por honestidad y coherencia política» debería cederla a otro concejal. Entre otros puntos, desde IU también se insistió en la necesidad de que las comparencias de las personas invitadas a comparecer sean públicas, como sucedió recientemente en el Ayuntamiento de Oviedo con la comisión de investigación sobre el caso Pokemon-Aguagest.

Carmen Pérez Soberón, portavoz de Ciudadanos, reconoció su «escepticismo» ante la comisión después de la primera reunión que «evidenció la tensión existe y la poca voluntad del gobierno». La edil reclamó un esfuerzo «de todos» para avanzar en la comisión y conseguir resultados.

El concejal de Ganemos, Agustín Sánchez, no asistió a la reunión, remitiendo al gobierno un listado de documentos y comparencias a la espera de los informes técnicos.