El Comité de Garantías del PP interviene en Avilés para decidir si se repite el congreso local
Las partes están citadas tras la impugnación de dos afiliados y el órgano tendrá que resolver si anula la elección como presidenta de Estefanía Rodríguez
A. L. J.
AVILÉS.
Lunes, 19 de agosto 2024, 02:00
El Comité Autonómico de Derechos y Garantías del Partido Popular tendrá que decidir en los seis próximos meses si suspende el congreso local celebrado ... el pasado 22 de julio en Avilés tras la impugnación presentada por dos afiliados, y en consecuencia si anula la designación de Estefanía Rodríguez Serrano como presidenta del partido a nivel local tras su victoria por un voto de diferencia (192 a 191) sobre la lista de Esther Llamazares.
Por el momento, el órgano autonómico ha aceptado a trámite el expediente que los afiliados presentaron el pasado 31 de julio. El próximo paso será llamar a las partes en los próximos días y a partir de ahí se abrirá un plazo de seis meses para resolver el expediente.
Cabe aclarar que el hecho de que se haya aceptado a trámite la impugnación y se esté estudiando el expediente no significa que se suspenda por el momento la designación de Estefanía Rodríguez como presidenta del partido en Avilés, cargo que en principio seguirá desempeñando al menos hasta que el Comité Autonómico de Derechos y Garantías se pronuncie.
En consecuencia, la causa tampoco afecta a la elección el pasado sábado de Manuel Ballesteros como nuevo secretario general del PP de Avilés, ni tampoco al resto de cargos que forman la nueva Junta Directiva del partido bajo la presidencia de Estefanía Rodríguez.
Según adelantó este diario, al menos dos afiliados impugnaron frente al Comité Autonómico de Derechos y Garantías la celebración del congreso local celebrado el 22 de julio en el que se eligió mediante votación a Estefanía Rodríguez como presidenta.
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En el escrito se alegan «gravísimas irregularidades» por la que varios afiliados entienden que se debería repetir la votación. Estos denuncian que determinados votantes no figuraban en el censo de electores o lo hacían con datos incorrectos. También se alega que la candidata electa habría realizado campaña a pie de urna, «y pese a serle requerido el cese de su actitud, continuó dando instrucciones, no sólo a los votantes, sino a la propia mesa».
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