«El concurso de acreedores del Niemeyer era inevitable», afirma su exsecretaria

Natalio Grueso, Judit Pereiro, Marc Martí y José María Vigil, en el banquillo de los acusados. / EFE (POOL)
Natalio Grueso, Judit Pereiro, Marc Martí y José María Vigil, en el banquillo de los acusados. / EFE (POOL)

La letrada María del Pino del Río asegura que «hubo una nefasta previsión» y critica la asunción de poder de su predecesor, Rebollo

C. DEL RÍOOVIEDO.

María del Pino del Río, secretaria de la Fundación Niemeyer del 22 de junio de 2012 al 12 de noviembre de 2014, aseveró ayer que la decisión de acudir a un concurso de acreedores fue estrictamente «técnico jurídica» y se habría tenido que adoptar aunque la consejería de Cultura no hubiera revocado las subvenciones concedidas de 2007 a 2010 porque hubo «una nefasta previsión». «La Fundación habría tenido que ir al concurso de acreedores porque muchos proveedores estaban insatisfechos. Esta revocación agravó inmensamente la iliquidez, pero no fue la causante del concurso. Solo por la deuda también habría tenido que ir a concurso», aseguró en el juicio por el 'caso Niemeyer' que se sigue en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

La secretaria, muy contundente en su declaración, censuró la modificación estatutaria aprobada el 4 de junio de 2011 por la que se concedían plenos poderes al anterior secretario, el acusado José Luis Rebollo, que afronta una petición de dos años y dos meses de cárcel como presunto autor de un delito societario. En su opinión, excedía las competencias que la Ley de fundaciones contempla para esta figura, por lo que «el control pasaba a ser cien por cien del secretario general», al que por cierto afeó el haber facturado 80.800 euros y cobrado casi 300.000 euros en plena situación de insolvencia.

En aquel patronato también se había aprobado la posibilidad de aprobar las cuentas por escrito y sin sesión, algo sobre lo que «desde mi punto de vista, la Ley de fundaciones no deja lugar a dudas».

Defendió el trabajo realizado con su equipo a pesar de que «fue todo tremendamente precipitado» y el interés de la consejera de Cultura Ana González por aclarar y depurar responsabilidades en la situación financiera de la fundación. De ella recibió la «orden expresa» de buscar toda la información posible «con el ánimo de intentar justificar y aminorar la cantidad (económica) objeto de revocación (de subvenciones)». Gracias a esta labor, y siempre según su testimonio, se consiguió justificar 858.000 euros.

No fue el único dinero que consiguió recuperar la fundación. En 2014, y tras un expediente de reintegración del IVA abierto por el actual director general del Ayuntamiento de Avilés, Francisco Fernández Viesca, en aquel momento contratado por la fundación, retornaron 280.000 euros y no el medio millón que calculaba José Luis Rebollo en un proceso que él también había iniciado en 2011 y que, según Del Río, no llegó a ninguna parte.

En cualquier caso, la documentación facilitada por el despacho de Rebollo no fue suficiente, según declaró, y hasta en tres ocasiones tuvieron que requerir información a Viajes El Corte Inglés, el principal proveedor. Solo cuando se dirigieron a la central de Madrid obtuvieron lo que necesitaban, porque hasta entonces solo les habían llegado facturas «que no estaban emitidas conforme al reglamento de IVA». «Eran documentos extraños. (...) Se lo dijimos a José María Vigil (el agente de viajes acusado de presunta estafa y falsedad en documento mercantil para el que la Fiscalía ocho años de cárcel) que nos contestó de forma ambigua. El plazo se agotaba y eran momentos tensos». Entonces vino personal de Madrid y «nos explicaron que este señor había sido despedido y ya no estaba en la organización».

El juicio continuará el próximo lunes 29 con la declaración del perito de Hacienda que firmó el informe clave en la instrucción de este procedimiento y con la del productor musical Manolo Díaz, que fue presidente de la fundación.

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