La demora municipal mantiene una casa prefabricada en suelo rústico en Corros

Esa fue la principal alegación defendida por el abogado Francisco José Augusto-Barbajero, la caducidad del expediente de legalización urbanística, ya que «dejaron transcurrir más de siete años desde el primer requerimiento hasta la orden de demolición» y la justicia le ha dado la razón. El fallo ahora conocido no es en absoluto baladí ya que puede abrir la puerta a la consolidación de obras ilegales por la falta de control por parte del Ayuntamiento. La sentencia es firme y no cabe recurso, con imposición de costas.

Augusto-Barbajero subrayó los más de seis años transcurridos desde la apertura del expediente por decreto de 2 de diciembre de 2013, «superando con creces los tres meses legalmente previstos». Los abogados del Ayuntamiento sostuvieron que, en realidad, había dos expedientes diferentes: por un lado, en el que se presentó el proyecto de legalización de las obras, que fue modificado en 2016 y resuelto en 2019, y, por otro, el de restauración de la legalidad urbanística.

Pero para el juez este argumento es una tesis «claramente interesada» con la que el Consistorio «trata de salvar el óbice de la caducidad». Y lo cree así porque ambos expedientes cuentan con el mismo número, luego, a todos los efectos, es un único procedimiento.

Recuerda la sentencia que ni el Principado de Asturias ni el TROTUA (Texto Refundido de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias) ni su reglamento de desarrollo fijan un plazo máximo de resolución de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística, por lo que se aplican los tres meses que recoge la Ley 39/2015 y que ya han sentado jurisprudencia.

Tras la inspección inicial de enero de 2013, el Ayuntamiento incoó en abril un expediente de regulación de la legalidad urbanística frente al entonces propietario para que legalizara las obras. Ese mismo año, en diciembre, se repitió el proceso con los nuevos dueños del terreno.

En febrero de 2014 se presentó un proyecto de legalización, pero la administración informó de que había pasado el plazo. A finales de ese año, y tras no haberse aportado la documentación necesaria, se comunica a los propietarios que pueden presentar alegaciones ante el riesgo de ser multados. Pero la propiedad de la finca había vuelto a cambiar y la nueva dueña presenta el proyecto en marzo de 2015. Desde entonces, se suceden comunicaciones entre la propiedad y la Administración que concluyen en enero de 2020, cuando la propietaria decidió acudir a la justicia.