La depuradora de baterías de cok reducirá su capacidad de tratamiento en un 96%

Vista desde el exterior de las baterías de cok de Avilés, la planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra en su perímetro. / MARIETA
Vista desde el exterior de las baterías de cok de Avilés, la planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra en su perímetro. / MARIETA

El Principado autoriza la solicitud de ArcelorMittal que despeja la inversión de Química del Nalón una vez que cese la actividad productiva

FERNANDO DEL BUSTOAVILÉS.

La depuradora de aguas amoniacales de baterías de cok reducirá su caudal de tratamiento en un 96% cuando Química del Nalón inicie su actividad en Avilés según publicó ayer el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Ayer, el boletín hacía publica la resolución de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente que permite la continuidad de la actividad de la estación depuradora de aguas amoniacales una vez que el próximo mes de octubre cese la producción de cok.

El texto legal pone sobre el papel las líneas principales del acuerdo hecho público el pasado mes de junio, cuando se firmaba el convenio entre Sepides, ArcelorMittal y Química del Nalón para la continuidad de la estación depuradora de aguas amoniacales de las baterías que ocupa una superficie de 7.315 metros cuadrados. Esta instalación es fundamental para la instalación de Química del Nalón en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), donde realizará una inversión de nueve millones de euros para la ubicación de su centro tecnológico, una empresa de biotecnología y la creación de una nueva compañía de tratamiento de aguas residuales.

En la actualidad, Química del Nalón (QN) ya utiliza la estación depuradora de baterías para el tratamiento de los residuos que genera en sus instalaciones de Trubia, Oviedo. Sin embargo, tal como se anunció el pasado junio, el nuevo proyecto industrial plantea un menor volumen de tratamiento.

Así, se pasará de los 125 metros cúbicos por hora a cinco metros cúbicos por hora, es decir, una reducción de 120 metros cúbicos.

La instalación de ArcelorMittal se encuentra sujeta a la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que es el marco legal que detalla todas las medidas contra la polución que debe cumplir la multinacional siderúrgica. En este caso, la compañía inició el proceso de modificación por dos razones. La primera es el propio cese de la producción de baterías y, la segunda, asegurar un marco legal para que la estación funcione de manera autónoma de las baterías y poder traspasarla con todas las garantías legales a QN.

La transferencia necesita una autorización medioambiental que se realiza basándose en documentos técnicos toda vez que el punto de partida (la AAI vigente) ya fue sujeta a un periodo de exposición público y la nueva etapa implica una reducción sustancial de la capacidad de tratamiento y, con ello, de los posibles volúmenes de emisiones.

Además, no sólo se trata de desconectar la estación las baterías y prepararla para que siga en activo. En la práctica será una instalación con la tecnología más avanzada ya que se aplicará un pretratamiento de las aguas y oxidación química de las aguas amoniacales previas a la etapa biológica de depuración.

Además se añadirá un tratamiento posterior a la depuración. De esta manera, se garantizará el cumplimiento de la directiva del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo para la aplicación de las mejores tecnologías disponibles en los procesos industriales. El objetivo de estos criterios es asegurar que las empresas mantienen su actividad con técnicas respetuosas con el medio ambiente sin que pongan en riesgo su viabilidad económica. La declaración del Principado fija que los cambios de la estación depuradora no podrán realizarse mientras ésta siga conectada a las baterías de cok, ya que mientras éstas sigan en activo el permiso publicado ayer «no entrará en servicio».

Vigilancia ambiental

Además, la resolución fija una serie de parámetros de control nuevos y normas que serán de obligado cumplimiento para QN. Así, deberán presentar un proyecto técnico de la nueva planta, con la incorporación de las fases añadidas, solicitud de modificación de la AAI para la planta modificada, los planos a escala y los detalles de los nuevos equipos. Además, la instalación de una nueva caldera de gasóleo para calentar el agua para su tratamiento obligará a vigilar las emisiones de cuatro contaminantes (partículas en suspensión, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y monóxido de carbono) cuyas emisiones deberán respetar el marco legal actual. Cada tres años, se inspeccionarán los equipos de medición.

La quimiquera deberá presentar un plan de limpieza y mantenimiento de la nueva caldera, con especial atención a los quemadores y sistemas de evacuación.

El permiso del Principado también fija las normas habituales para evitar contaminación acústica, vertidos de aguas subterráneas y reducir la generación de residuos, además del tratamiento de todo el material durante la construcción de las nuevas instalaciones.

Después de que termine la reforma, QN deberá realizar un seguimiento y control de las aguas subterráneas, con estudios semestrales en el primer año en «la época seca y la época de lluvias». En ellos se analizarán veinte contaminantes diferentes. Al año, se repetirá en cada época seca.

A ello se añade que al mes de iniciar la actividad deberá informar al Principado de las emisiones de la caldera, vertidos de aguas residuales y su calidad, contaminación acústica y suelos y análisis de las aguas subterráneas y el suelo.

Críticas de ecologistas

La resolución del Principado motivó ayer una primera crítica del Colectivo Ecologista de Avilés (CEA), cuyo portavoz, Fructuoso Pontigo, calificó como un «despropósito» la modificación de la AAI «sin publicidad y el perceptivo trámite de información pública».

Para Pontigo, «resulta extraño que se haga un trámite de continuidad de espaldas a la sociedad, sin permitir que se pueda alegar para mejorar el proyecto». Por ello califica la gestión de «coladero».

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