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F. DEL BUSTO
AVILÉS.
Sábado, 23 de junio 2018, 03:01
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La política industrial y energética de España fue el eje central de la jornada organizada ayer conjuntamente por Podemos e Izquierda Unida en el Hotel de Empresas de La Curtidora con la participación de José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras de Asturias; Yolanda Díaz, diputada de En Marea y responsable de industria en Unidos Podemos; Emilio Huerta, catedrático de Economía de la Universidad Pública de Navarra, y Lorena Gil, diputada de Podemos. Tania González, secretaria general de Podemos Avilés y eurodiputada, moderó las reflexiones, que continuarán el próximo viernes.
Yolanda Díaz mostró su esperanza en que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez incorpore la política industrial y energética a su agenda. «Sufrimos las consecuencias de 35 años sin políticas industriales por las estrategias derivadas de la incorporación a la Unión Europea. Se resume en la frase de Carlos Solchaga: 'La mejor política industrial es la que no existe'».
Para Díaz, sí es necesaria una política industrial, que pasaría por dos grandes líneas. Por una parte, mantener en la esfera pública las compañías que aún son propiedad estatal, tanto en el sector naval como aeronáutico y, por otra parte, un apoyo claro a la investigación y la innovación. «Es algo que hacen todos los países. Apple necesitó recursos públicos para su innovación. Hay muchos campos donde la empresa no investigará porque no tiene asegurado un retorno, y ahí se necesita una implicación del Estado a medio y largo plazo», apuntó.
Yolanda Díaz se mostró prudente porque «el actual gobierno tiene los presupuestos del PP», pero confía en que el nuevo ejecutivo aborde el reto industrial junto con la política energética. «Debemos definir con una perspectiva mínima de veinte años que industrias queremos potenciar, pero también establecer una política energética que no castigue a la industria con costes siete veces superiores a otros países», apuntó.
La diputada gallega fijó como un primer objetivo «eliminar el sistema de subastas de interrumpibilidad como elemento principal para ayudar a las empresas electrointensivas». Entre sus carencias la imposibilidad para las compañías de planificar a medio plazo (las subastas actuales son a seis meses), como la falta de transparencia y opacidad del sistema vigente.
En su opinión, «en el futuro habrá que pensar en contratos a medio plazo para las industrias. Pero también debemos asegurar que se trata de energías renovables». Y, en todo el proceso, abordar el coste de la energía doméstica, que también castiga a las economías familiares.
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