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Si la empresa invita a sus empleados a una cena de Navidad, lo más probable es que el próximo mes de diciembre el restaurante ... en cuestión tenga que girar una factura electrónica a la compañía. A ello obligan la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, conocida como 'Ley Crea y Crece', y la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (Ley Antifraude). Su entrada en vigor supondrá muchos cambios, sobre todo para las pequeñas empresas, que ayer trató de explicar el responsable de CTIC Centro Tecnológico en Avilés, Francisco Rojo. Lo hizo en un taller presencial y telemático impartido en La Curtidora en colaboración con la Oficina Acelera PYME de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), cuyo responsable en Gijón, Raúl Milán, presentó.
Rojo explicó las implicaciones de este marco legal que supondrá, por ejemplo, «que se acaba eso de ir con una carpeta a la asesoría al final del trimestre con todas las facturas del mismo», trasladó gráficamente. Las empresas de mayor tamaño y las que suelen trabajar con la administración ya están acostumbradas a facturar electrónicamente, pero muchas otras van a tener que cambiar su modo de trabajo.
A la espera de que se desarrolle una 'solución pública de facturación electrónica' que está en proceso, las empresas de software ya están haciendo los cambios en sus aplicaciones para cumplir con estas obligaciones legales, avanzó Francisco Rojo.
La 'Ley Crea y Crece' establece la obligatoriedad de emitir y recibir facturas electrónicas en operaciones entre empresas y autónomos con el objetivo de reducir la morosidad comercial, mejorar la trazabilidad de los pagos e impulsar la digitalización empresarial.
A fecha de mayo de 2025, se está a la espera de la aprobación definitiva del reglamento técnico que concretará los requisitos técnicos y formatos válidos.
La 'Ley Antifraude' establece que los sistemas informáticos de facturación deben garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros; impedir la manipulación de los datos contables y de facturación y estar certificados conforme a determinados criterios técnicos.
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