El equipo psicosocial judicial de Avilés inicia los informes con hasta año y medio de retraso

A la derecha la fiscal superior, Esther Fernández, indica las posibles obras. / MARIETA
A la derecha la fiscal superior, Esther Fernández, indica las posibles obras. / MARIETA

La jueza decana solicita una Unidad de Valoración Forense Integral de violencia género como la de Oviedo y Gijón

CRISTINADEL RÍO AVILÉS.

La directora general de Justicia, Encarnación Vicente Suárez, se marchó ayer del juzgado de Avilés con una petición concreta, con una idea clara de la carga de trabajo que lastra la agilidad del equipo psicosocial y con el esbozo de las obras de reforma de la fiscalía en la quinta planta. Vicente mantuvo una reunión de trabajo con la jueza decana en la que, aparte de un repaso general al funcionamiento del juzgado, se analizaron los pasos iniciales de la Oficina de Atención a las Víctimas de Delitos que, como su propio nombre indica, ofrece asesoramiento acerca de las posibilidades del sistema judicial. En sus primeros tres meses, y a falta de que aún se promocione entre entidades y colectivos sociales, es «satisfactoria».

El problema más acuciante del juzgado, que no es desconocido por el Principado, es la incapacidad del equipo psicosocial, integrado por una psicóloga y una trabajadora social, de hacer frente a todos los asuntos de familia que llegan a su mesa. Los retrasos, según confirmaron ayer, pueden superar el año y medio, situación que conocen y sufren los abogados que precisan de sus dictámenes para asuntos tan sensibles como custodias en caso de divorcio o retiradas de patria potestad. Aunque es cierto que se trata de dar preferencia a los asuntos a priori más urgentes.

La situación ha mejorado con la creación hace unos meses de un equipo propio en Mieres que se encarga también de los casos de Lena, aunque el de Avilés sigue asumiendo los partidos judiciales de Castropol, Pravia, Luarca y Grado. Encarnación Vicente no pudo prometer ni garantizar nada sobre este particular, aunque sí estudiará la petición concreta planteada por la jueza decana, Elena Fernández, para la creación de una Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI), adscrita al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias, para casos de violencia de género. Estas unidades están atendidas por un forense que asume la función de coordinador, un psicólogo y un asistente social. Se trata de un recurso recogido por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Avilés depende ahora de Oviedo, que cuenta con un psicólogo de refuerzo.

La directora general informó de que en este mes de mayo se han aprobado los protocolos de funcionamiento de estas unidades creadas recientemente en Oviedo y en Gijón y «a la vista de cómo funcionen y los resultados que nos vayan ofreciendo, veremos si se puede ampliar el servicio al juzgado de Avilés». Los forenses del Instituto de Medicina Legal examinaron en 2018 a 35 denunciantes de delitos de agresiones sexuales en Gijón, 24 en Oviedo, nueve en Avilés, seis en Langreo y cuatro en Mieres. Aparte están las valoraciones psicosociales relativas a verificar la credibilidad de las denuncias de malos tratos o violencia de género o la elaboración de informes de idoneidad de custodia en caso de separación de los cónyuges.

Su entrevista con la decana y representantes de diversos servicios del juzgado fue la última cita en una agenda que comenzó con la visita a las dependencias de la fiscalía de la mano de la fiscal superior del Principado, Esther Fernández, y el Fiscal Jefe de Avilés, Jesús Villanueva. El recorrido por el ala que ocupa el Ministerio Público en la quinta planta verificó que «las cosas siempre se pueden mejorar sin necesidad de grandes obras», tal como explicó Esther Fernández.

Obras en fiscalía

El proyecto de las obras, que ya estaba contemplado en un listado de actuaciones menores confeccionado a principios de año, «se va a hacer ahora y entiendo que (los trabajos) se podrán hacer a lo largo del año», estimó Encarnación Vicente.

La fiscal superior del Principado aseguró que los trabajos pretenden «una reutilización y mejora» de los espacios. El objetivo es que la fiscalía se identifique como tal, como un «ente» y no como «siete fiscales que están en un despacho». Según Fernández, «hay espacio, hay sitio, hay voluntad y lo único que tenemos que hacer es remodelar para que el servicio se preste mejor y de una manera más clara», declaró.

Se tratará, además, de dotar de cierta privacidad a unas dependencias a las que se accede sin ningún tipo de control o cortapisas, situación que ha provocado algún hurto. Encarnación Vicente comprobó que, con algunos tabiques y una reordenación del espacio, es posible satisfacer las necesidades del personal de fiscalía.

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