Un estudio determinará si se pueden salvar un gasómetro y los almacenes de baterías

Vista general de las baterías, donde uno de los gasómetros se podría salvar del achatarramiento. / MARIETA
Vista general de las baterías, donde uno de los gasómetros se podría salvar del achatarramiento. / MARIETA

Su conservación no buscará «crear un parque temático» sino reutilizarlos como parte de la actividad económica

FERNANDO DEL BUSTOAVILÉS.

Un estudio técnico determinará la viabilidad de conservar uno de los dos gasómetros y los almacenes generales o la nave central de baterías de cok, según avanzó ayer la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, en una reunión con todos los grupos de la oposición para informar del proceso de apagado y desmantelamiento de las baterías de cok y de los avances con Sepides. La conservación de estos elementos no buscará crear «un parque temático», sino su reutilización en la reactivación económica, según ha defendido la alcaldesa avilesina. Nuevos desarrollos industriales y sectores avanzados de la economía son los campos principales en un proyecto donde la industria asturiana deberá jugar un papel importante, según avanzó la regidora.

Monteserín explicó que la idea de Sepides, titular de los terrenos, era reunirse este mes con toda la oposición y los agentes sociales avilesinos para detallar el proceso de cierre. Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales para el 10 de noviembre generó el temor de que se denunciase el acto ante la Junta Electoral, por lo que el gobierno optó por avanzar esta información a la espera de la presentación oficial. De esta manera, la presentación se realizará a mediados del próximo mes, con el gobierno en funciones y con la idea de seguir avanzando a partir de enero de 2020, cuando ArcelorMittal asegure que las instalaciones de baterías de cok se encuentran completamente inertes y seguras para su achatarramiento.

De forma paralela, Química del Nalón ya trabaja en los 30.000 metros cuadrados de superficie en los que ubicará Deganta Aguas, para la gestión de aguas residuales, además de ubicar su centro de I+D y una empresa de biotecnología.

Uno de los motivos es la búsqueda de un consenso que asegure el ritmo de gestión en un proceso que se quiere culminar en cuatro años y que, según recordó Monteserín, implicará una revisión del Plan General de Ordenación Urbana para modificar los usos de unos suelos que se calificaron como «privilegiados» por su ubicación y potencial. Las líneas generales de esta planificación urbanística se vienen perfilando desde hace algo más de un año, si bien «a partir de enero de 2019» las tres administraciones incrementaron la intensidad de sus contactos, desveló la alcaldesa.

El cronograma establece objetivos trimestrales y Monteserín confía en que las diferentes administraciones cumplan sus objetivos para no demorar la urbanización y lograr que en el plazo de cuatro años el suelo pueda salir al mercado. Entre los principales hitos que debe superar la administración local se encuentra la modificación del Plan General, mientras que el Principado se ha comprometido a no dilatar los plazos de las autorizaciones ambientales, uno de los principales escollos en la gestión de este suelo.

Respecto a la pérdida de empleo en la ciudad por la marcha de los trabajadores de baterías a Gijón y el recorte en las contratas, la alcaldesa expresó su confianza en que el trabajo de desmantelamiento y urbanización sea una oportunidad para que la industria auxiliar mantenga sus plantillas, a la espera de que en el futuro haya en esos terrenos nueva actividad económica que genere puestos de trabajo «que compense el cierre».

La oposición, a la espera

Por su parte, la oposición reaccionó de diferentes maneras a los planteamientos de la alcaldesa. Así, Tania González, portavoz de Cambia Avilés, reclamó la constitución de una comisión específica para informar a la oposición, opción que, según denunció, la alcaldesa retrasó hasta el momento de presentación de los planes de Sepides.

González expresó su preocupación porque sólo Química del Nalón estuviese interesada en los terrenos excedentes y defendió el mantenimiento de patrimonio industrial en los excedentes como un elemento atractivo para la industria.

Por su parte, Esther Llamazares, portavoz del Partido Popular, destacó la importancia del proyecto para la ciudad calificándolo como «fundamental», de ahí que reclamase información constante y subrayase la necesidad de «evitar dilaciones». La edil popular incidió en que estos suelos «representan una oportunidad para genera un nuevo espacio industrial» y mostró su preocupación por los plazos. «No tenemos mucho tiempo y los plazos en la administración son los que son», es decir, largos. Para Llamazares, se trata de un «proyecto de ciudad» que «implica a todos» y donde su formación reclamó toda la información necesaria para poder cooperar en su desarrollo.

Desde Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón recordó que su partido había reclamado la presencia de Sepides en Avilés para explicar los planes para el suelo de baterías y defendió la necesidad de información entre las administraciones para que el proyecto salga adelante. «Si sale bien, nos sitúa con posibilidades en el mapa, y si sale mal será desastroso». Soberón destacó el papel de los técnicos de las tres administraciones y defendió la necesidad de que Sepides aclare cómo bonificará los costes de desmantelamiento para evitar que recaiga en los futuros compradores.

Por su parte, Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, calificó la reunión como «decepcionante» por ser muy vaga» y faltar concreción sobre el desarrollo de los suelos que ahora libera Arcelor.