El geriátrico La Fontana también se enfrenta a una posible multa económica

La consejería mantiene abierto el expediente para revocar la autorización de la residencia privada

L. V. AVILÉS.

El geriátrico privado para mayores La Fontana, cerrado desde el pasado día 10 de abril, se enfrenta a una posible multa económica. De hecho, ese cierre cautelar «forma parte de un proceso sancionador que continúa su curso. También se ha iniciado un procedimiento para revocar la autorización», explicó ayer la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela.

La medida había sido adoptada tras conocer el contenido de un atestado de la Policía Nacional que denunciaba que una noche hallaron a un anciano deambulando por el entorno de la plaza de España, donde está ubicado este establecimiento. Una vez trasladado al geriátrico, los agentes observaron que no había cuidadores. Además, otro de los usuarios se encontraba tendido en el suelo tras haberse caído de la cama.

La consejería continúa adelante con un procedimiento sancionador, cuya medida cautelar ha sido la suspensión de funcionamiento del centro, y otro, orientado a una posible revocación de la autorización del Principado al citado centro para la prestación de servicios de atención residencial a personas mayores.

El desahucio

Por otra parte, Pilar Varela recalcó que el Principado desconocía la orden de desahucio que pesa sobre esta residencia. Tal y como adelantó este periódico, la sociedad gestora debe catorce mensualidades a los dueños del edificio en concepto de alquiler. De hecho, la orden de desalojo está dictada por un juzgado avilesino desde el mes de mayo de 2018, aunque está pendiente del correspondiente lanzamiento.

La residencia quedó cerrada el pasado 10 de abril -aunque la orden expiraba el día 8- una vez que las cinco personas usuarias que permanecían en el centro abandonaran sus plazas tras encontrar una solución alternativa.

Dos de los usuarios, de manera temporal, accedieron a una plaza del ERA, en el centro de Riaño en Langreo. Se cumplía así la promesa de supervisión y tutela realizada por la consejería tras conocer las irregularidades en La Fontana.