El hostelero de Sabugo denunciado por ruido infiere «problemas estructurales del edificio»

El hostelero de Sabugo denunciado por ruido infiere «problemas estructurales del edificio»

Fiscalía y acusación particular mantienen su petición de pena de dos años y medio de cárcel en base a tres informes periciales

C. DEL RÍO

Fiscalía y acusación particular han mantenido hoy su petición de dos años y medio y tres años y medio de cárcel, respectivamente, y siete mil euros de multa por un supuesto delito de contaminación y otros tres de lesiones para un hostelero de Sabugo cuya defensa pone en duda tanto los informes médicos aportados por los vecinos como la validez de las mediciones que ratificaron que en el primer piso del número 28 de la calle de La Estación, el inmediatamente superior al bar, los decibelios superaban por la noche los 28 permitidos por ley.

El juicio ha quedado hoy visto para sentencia tras la declaración de los peritos y la forense. Los técnicos que firmaron el informe encargado por el propietario de la vivienda (los vecinos eran inquilinos) la llevaron a cabo un día cualquiera de actividad del bar sin avisar al propietario y solo registraron los datos en el interior del piso. Han explicado que eligieron un dormitorio «tranquilo» del patio de luces para evitar que otros ruidos pudieran interferir en lo que realmente se quería medir. Detectaron que, por la noche cuando el máximo permitido son 28 decibelios, se registraron «entre 45 y 50» y «hay que tener en cuenta que en acústica 3 decibelios es un mundo». La defensa del hostelero considera que este es un informe de parte e indicó que los aparatos utilizados «no estaban debidamente recalibrados» dado que estaba próxima su fecha de revisión.

Las otras dos mediciones fueron realizadas por el Ayuntamiento. El equipo que llevó a cabo una de ellas la hizo con el bar cerrado, sin gente y con la música al máximo, midiendo la insonorización en el interior del local y los niveles sonoros en el primer piso. Detectaron 46 decibelios en el interior de la vivienda y fijaron la presión sonora de los altavoces en 97 en lugar de los 90 que deberían ser, aunque reconocieron que el volumen en el interior del bar, que calificaron como «incómodo» al hacer la prueba, no es el mismo «en una sala vacía que llena de gente». El sonido entonces es absorbido y el oído lo aprecia con menor intensidad. Tampoco gustó este informe a la defensa, que rechaza la somera inspección visual realizada en el interior del bar y que da por supuesto que el equipo de música se ponía al máximo volumen cuando esto no tendría necesariamente por qué ser así.

El único que acepta es un acta levantada por los Servicios Disciplinarios Urbanísticos del Ayuntamiento, un 24 de junio a la una de la mañana, en la que los «valores bajan a 33 decibelios» (el acta recoge valores entre 35 y 37).

Respecto a los problemas de insomnio, cefaleas y migrañas que refieren tres de los miembros de la familia, señaló que los padres no pudieron explicar con claridad por qué no fueron a su médico habitual y consultaron con «el menos fiable», un facultativo que «ha sido inhabilitado dos veces por el SESPA». No se explica por qué los tres fueron al médico poco tiempo antes de presentar la demanda y señala que la hija presentaba un cuadro previo de migrañas, tal como se recoge en un informe del otorrinolaringólogo.

Él considera que si el local cuenta con licencia para música amplificada, el problema igual es el del Ayuntamiento por conceder tal permiso a un bajo situado en un edificio en el que infiere «problemas estructurales», dado que los denunciantes escuchan la música y ruidos como la alarma o la cadena del baño por encima de la música y sin embargo no escuchan las cadenas de otros pisos.

Para Lía Lemos, abogada de la acusación particular, no es indicativo el momento en el que se va al médico porque «hay gente que va en cuanto le sale una llaga y otros aguantan más» y, en cualquier caso, para ella está claro sus clientes «no denunciaron por capricho sino por desesperación».

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