El hostelero de Sabugo denunciado por ruido infiere «problemas estructurales» en el edificio

La puerta del bar, precintada. / MARIETA
La puerta del bar, precintada. / MARIETA

Fiscalía y acusación mantienen la petición de dos años y tres años y medio de cárcel respectivamente, y una multa de 7.000 euros

C. DEL RÍOAVILÉS.

«¿Qué más medidas correctoras podía adoptar? (...). Si se oía la cadena (de los baños) y la alarma, igual el problema no es de mi cliente, sino del Ayuntamiento que se ha equivocado al conceder una licencia de bar con música amplificada en un edificio que debe tener un problema estructural». La defensa del hostelero de Sabugo que se enfrenta a tres años y medio de cárcel (la Fiscalía solicita dos y medio) y a una multa de 7.000 euros por un presunto delito de contaminación y otros tres de lesiones solicitó ayer la absolución de su cliente y recordó en varias ocasiones que «no toda infracción administrativa constituye una infracción penal».

Fue en las conclusiones de un juicio que durante dos días ha tratado de dilucidar si el volumen de la música en este bar de Sabugo era tan alta como para provocar problemas de insomnio, cefaleas y migrañas a los vecinos del primero, que estaban en régimen de alquiler.

Los técnicos que firmaron el informe encargado por el propietario de la vivienda la llevaron a cabo un día cualquiera de actividad del bar sin avisar al propietario y solo registraron los datos en el interior del piso. Eligieron un dormitorio «tranquilo» del patio de luces para evitar que otros ruidos pudieran interferir y detectaron que por la noche, cuando el máximo permitido son 28 decibelios, se alcanzaban «entre 45 y 50» y «hay que tener en cuenta que en acústica tres decibelios es un mundo». La defensa del hostelero apostilló que los aparatos utilizados «no estaban debidamente recalibrados» dado que estaba próxima su fecha de revisión.

«Mis clientes no denunciaron por capricho sino por desesperación» Las tres mediciones realizadas detectaron un exceso de decibelios en la vivienda

Las otras dos mediciones, realizadas por el Ayuntamiento, también registraron excesos. El equipo que llevó a cabo una de ellas la hizo con el bar cerrado, sin gente y con la música al máximo, midiendo la insonorización en el interior del local y los niveles sonoros en el primer piso. Detectaron 46 decibelios en el interior de la vivienda y fijaron la presión sonora de los altavoces en 97 en lugar de los 90 que deberían ser.

Respecto a los problemas de insomnio, cefaleas y migrañas en tres de los miembros de la familia, señaló que los padres no pudieron explicar con claridad por qué no fueron a su médico habitual y consultaron con «el menos fiable», un facultativo que «ha sido inhabilitado dos veces por el Sespa». Se preguntó por qué los tres fueron a consulta poco tiempo antes de presentar la demanda y subrayó que la hija presentaba un cuadro previo de migrañas, tal como se recoge en un informe del otorrinolaringólogo.

Para Lía Lemos, abogada de la acusación particular, no es indicativo el momento en el que se va al médico porque «hay gente que va en cuanto le sale una llaga y otros aguantan más» y, en cualquier caso, para ella está claro que sus clientes «no denunciaron por capricho sino por desesperación».

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