Los intoxicados por mercurio en AZSA inician una campaña de crowdfunding

Los intoxicados por mercurio en el accidente ocurrido hace casi seis años en Asturiana de Zinc comenzarán una campaña de crowdfunding en busca de financiación para poder ser tratados por especialistas privados. «Dado que no encontramos atención en la sanidad pública ni en la mutua tenemos que recurrir a la solidaridad», explicó ayer la portavoz de la Asociación Asturiana de Intoxicados por Metales Pesados. También sopesan volver a iniciar una huelga de hambre para reivindicar atención y soluciones, sería la tercera.

La decisión de adoptar estas medidas llegó después de que ayer se celebrase en la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias la vista del recurso de Asturiana de Zinc contra la resolución de la Consejería de Industria que fijaba la sanción por el accidente en 380.000 euros y lo calificaba como grave en grado medio. Para respaldar su petición de que la calificación se bajase a grave en grado mínimo la multinacional contó con el testimonio del jefe de producción de la planta y dos peritos. Por su parte el Principado defendió su postura y también lo hicieron los propios intoxicados a través de sus defensas.

La portavoz de la asociación consideró que lo que la empresa persigue con este recurso, más allá de que se rebaje a 24.000 euros la multa, es «tratar de que no se relacionen las secuelas de los trabajadores con el accidente, ya que los representantes de AZSA en el juzgado volvieron a defender que la intoxicación fue por la mala práctica de los afectados que no siguieron las medidas higiénicas, en lugar de la verdad que ha demostrado un estudio de la Universidad, que inhalaron el mercurio y esa es la vía que más daño causa porque penetra en el cerebro».

Según la portavoz de la asociación de intoxicados, de esta forma la compañía evitaría hacer frente a nuevos pagos del 50% de recargo sobre las incapacidades acordado con los afectados, «ya que con un accidente calificado como leve será difícil que los compañeros puedan conseguir incapacitaciones totales». De los 49 afectados, actualmente quince tienen reconocidas incapacidades, «el resto malvive del salario social o de las ayudas de la familia porque pocos pueden trabajar dadas las secuelas que sufren. Todos o casi todos tienen secuelas pulmonares», concluyó la portavoz.