Montrasa entra en liquidación pero cumplirá los contratos a corto plazo

Algunos de los trabajadores afectados, ayer en los juzgados de lo Mercantil. /  CAROLINA SANTOS
Algunos de los trabajadores afectados, ayer en los juzgados de lo Mercantil. / CAROLINA SANTOS

La empresa, con 120 trabajadores, no logra sacar adelante su propuesta de convenio en la junta de acreedores celebrada en Gijón

RUTH ARIAS AVILÉS.

La empresa Montrasa Maessa entrará en liquidación después de que ayer no lograra la aprobación de su propuesta de convenio en la junta de acreedores celebrada en los juzgados de lo Mercantil de Gijón. A la convocatoria no acudieron ni los representantes de las administraciones públicas convocadas ni tampoco los acreedores comerciales, sino únicamente el colectivo de trabajadores que prestaban sus servicios en Alcoa, en un contrato que Montrasa rescindió unilateralmente y que ha sido el germen del problema, ya que la compañía acumula una deuda de 1,2 millones con estos empleados.

La firma quiso aclarar ayer que a pesar de esta situación, sus actividades no cesarán a corto plazo. Montrasa tiene ahora mismo contratos tanto en Madrid como en Asturias hasta finales de año con empresas «potentes» y pretende cumplir con todos ellos. Un representante de la compañía asegura además que tratará de salvar el mayor número de puestos posible, aunque eso pasará por que los empleados sean subrogados a las firmas a las que les sean adjudicados posteriormente esos contratos.

Montrasa tiene ahora mismo una plantilla de unos 120 trabajadores, de los que 34 pertenecen al colectivo de despedidos y no tienen ninguna misión asignada. La propuesta que se les hacía, tanto a ellos como a las administraciones, era de una quita del 90% de la deuda que se abonaría a partir del tercer año y hasta el décimo. Una segunda opción era convertir esa deuda en capital social, por lo que esos 34 trabajadores pasarían a formar parte del accionariado de la empresa.

Ninguno de estos planteamientos satisfizo al colectivo, que optó por dar su voto negativo a la aprobación del convenio, lo que a la postre deviene en la liquidación de la empresa. Por una parte, no están dispuestos a renunciar a un porcentaje tan elevado del dinero que se les adeuda, y por otra tampoco les convence canjearlo por acciones. «Si va mal la empresa nos podemos ver perdiendo nuestro propio patrimonio», exponen, y aseguran además que «la empresa ahorraría 1,75 millones de euros porque arrastraríamos con la quita a los organismos públicos, pero sin puesto de trabajo».

La empresa asegura que Alcoa no estaba cumpliendo los pactos acordados y que el contrato le hubiera generado unas pérdidas de 500.000 euros anuales, motivo por el cual decidió rescindirlo.

Más