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Roberto F. Llera. OMAR ANTUÑA
«Los órganos de control del gasto público no somos ni la policía ni la justicia»

«Los órganos de control del gasto público no somos ni la policía ni la justicia»

C. DEL RÍO

AVILÉS.

Viernes, 22 de marzo 2019, 07:01

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Roberto Fernández Llera, jefe del gabinete técnico de la Sindicatura de Cuentas del Principado, confirmó ayer que el gasto público en España «se controla», pero advirtió de que «los órganos de control no somos ni la policía ni los tribunales de justicia». «Nosotros hacemos auditorías públicas. No podemos mandar misiones sorpresa ni poner micrófonos para escuchas porque tal parece que se nos pide unas funciones que no son las propias, para eso están las fiscalías, la policía y otros órganos complementarios como las oficinas anticorrupción», señaló en una ponencia de perfil académico que ofreció sobre el control del gasto público en el Centro de Servicios Universitarios.

El Tribunal de Cuentas y las sindicaturas o cámaras de las diferentes comunidades autónomas son órganos de control externo que refuerzan el trabajo de los ya diseñados internamente en cada administración. Su misión es fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público autonómico y velar por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia.

Lo garantizan a través de los informes de fiscalización. En primer lugar se emite uno provisional, elaborado tras el análisis de la documentación suministrada y el trabajo de campo correspondiente. Tras ser enviado a la administración en cuestión, se abre un periodo de alegaciones y, una vez estudiadas y verificadas, se emite el informe definitivo. Es difícil hablar de tiempo porque «no es lo mismo fiscalizar a un pequeño ayuntamiento que la cuenta general del Principado». En cualquier caso, una de las cuestiones que más preocupa «es la colaboración y la rendición de cuenta» porque aunque son obligatorias por ley, no siempre tienen lugar en el plazo estipulado. En el caso de los ayuntamientos, antes del 15 de octubre.

«Hasta hace cinco años el índice de rendición de cuentas a tiempo era muy bajo, pero ha habido una mejora sustancial», señaló. Un mérito que, en su opinión, hay que atribuir a la propia sindicatura, a los ayuntamientos, en concreto a sus secretarios e interventores , y también a la Federación Asturiana de Concejos (FAC).

Actualmente, este índice oscila entre el 70 y 80%, aunque desde las sindicaturas se aspira al cien por cien. «Aún hay mucho camino por recorrer», indicó. Para conseguirlo, la Ley de la Sindicatura de 2015 prevé multas coercitivas, aunque en estos tres años que lleva en vigor nunca se han aplicado. Preferiblemente se opta por «medidas de persuasión y también de apoyo logístico a través de las plataformas telemáticas». «La colaboración debe ser irrestricta, darse en todo momento, y la sindicatura debe poder acceder a cualquier documentación que considere conveniente en cualquier formato y de todas las administraciones», recalcó.

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