«El pago de las asociaciones a la SGAE debería estudiarse caso por caso»

Castellano aclaró que esta sentencia «no anula las tarifas, sino el incremento aprobado porque no se recogía cómo afectaba a las infancia y familias, entre otras cosas». Un defecto de forma «insubsanable» que ha obligado a entidades como la SGAE, CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) o AIE (Sociedad de Artistas o Intérpretes Ejecutantes de España), entre otras, a aplicar las anteriores. La sentencia, conocida en abril, puso de nuevo al Ministerio de Cultura a trabajar en una actualización de precios reclamada por las diversas asociaciones. Un proceso que se puede dilatar en el tiempo, máxime ahora tras el reciente cambio de gobierno, con dimisión del nuevo ministro de Cultura incluido. Mientras tanto, se seguirá aplicando la tarifa anterior vigente.

El abogado, que en su día defendió con éxito a un bar al que la SGAE había denunciado por no pagarle tasas, reconoció que este fallo «podría abrir la puerta a algunas reclamaciones». En realidad, «las menos». «Solo a los grandes consumidores porque las asociaciones de vecinos, que ahora mismo son las más cabreadas con la entidad, al menos en Avilés, pagan un porcentaje en función del caché de los artistas u orquestas contratados en las fiestas», por lo que la sentencia no les afecta.

En su opinión, «para este tipo de asociaciones habría que hacer una comparativa de la liquidación actual y estudiar caso por caso». La tarificación de la Sociedad General de Autores es muy extensa y con muchos supuestos, por lo que lo válido para unos no lo es para otros.

La Sección Cuarta de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo vio el pasado 22 de marzo el recurso presentado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (C.R.U.E.) contra la orden ministerial que permitió el incremento de las tarifas. El principal argumento fue la ausencia de una memoria que cifrase «el impacto de esta norma en las familias», que son quienes «finalmente pagan los importes». La administración adujo que «las familias no son los destinatarios de la norma».