El perito de Hacienda cree que en el Niemeyer se trató de ocultar gastos

El exdirector del Centro Niemeyer, Natalio Grueso, y su exesposa, Judit Pereiro, al inicio de la sesión del juicio del caso Niemeyer celebrada este lunes en la Audiencia Provincial de Oviedo./EFE
El exdirector del Centro Niemeyer, Natalio Grueso, y su exesposa, Judit Pereiro, al inicio de la sesión del juicio del caso Niemeyer celebrada este lunes en la Audiencia Provincial de Oviedo. / EFE

Uno de ellos fue el pago de 89.500 euros a Woody Allen's Project, que se anotó en la contabilidad como una asistencia a un rodaje, y la organización del G8

C. DEL RÍOOVIEDO.

Adolfo Álvarez-Buylla, perito de la Agencia Tributaria que emitió el informe acerca de la contabilidad de la Fundación Centro Niemeyer a petición del juez instructor sobre el que se basa la acusación del 'caso Niemeyer', declaró ayer que las facturas fueron un «maremágnum difícil de desentrañar» con el objetivo de «ocultar el gasto» y ofrecer una imagen que no era real. El ejemplo más clarificador fue el abono de 89.500 euros que se destinaron al Woody Allen's Spanish Project justificados hasta en tres facturas con conceptos como 'asistencia a rodaje de Mediapro' u 'organización del G8'. Así «se puede 'vender' que no ha costado».

La extensa declaración del perito ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que tras siete horas no finalizó, trató de aclarar a las partes las «anomalías» que encontró en un análisis para el que fue designado por el delegado especial de la Agencia Tributaria tras recibir la petición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Avilés. Autor del informe principal de la causa de 17 de marzo de 2014 y de otros cuatro complementario derivados de las ampliaciones de denuncia, aseguró que se basó en la denuncia presentada por la propia fundación contra sus antiguos gestores en las que citaba a Viajes El Corte Inglés como principal proveedor.

Sobre las críticas del perito de la defensa a su informe por no emplear los términos contables apropiados, explicó que la finalidad era ilustrar a alguien no versado. «Un tratado de contabilidad aportaría poca claridad. La finalidad del informe es reflejar los hechos de manera sencilla» y, en su opinión, no por ello pierde rigor.

Reconoció que la denuncia, «compleja, complicada e intrincada», se basaba en «dos elementos fundamentales que debían ser estudiados»: la posible alteración de la facturación para encubrir a personas que percibían un determinado servicio y anomalías y alteraciones contables que incidían sobre la cuenta de resultado. Un análisis pormenorizado que le obligó a cotejar cada talón de venta emitido por la oficina regional de Viajes El Corte Inglés con cada una de las facturas facilitada por la central le permitió concluir que la fundación asumió «gastos que no eran propios» (alguno de la Fundación Príncipe de Asturias y de varios directivos de la agencia de viajes, que fueron reconocidos y subsanados por la misma), «gastos indebidos por personas ajenas» (del círculo familiar del exdirector del Centro, Natalio Grueso, y del exagente de viajes, José María Vigil) y «deslizamientos o devengos de un servicio de un ejercicio a otro».

En su opinión esto solo puede tener una explicación. «Hay facturas que se alteran para que no se sepa quién viaja, se quiere ocultar quién realiza ciertos gastos y para qué proyecto. Se quiere dar un resultado distinto al que se tiene y se dejan de contabilizar facturas y se sustituyen por otras», en su opinión algo incomprensible porque, a la larga, era información que iba a salir ya que el proveedor de servicios los había prestado y querría cobrarlos. «Es difícil ponerse en la cabeza de quién ha hecho esto», respondió a preguntas del fiscal.

Aunque intentó «contextualizar» todos los viajes, reflejó que algunos de ellos se correspondían con «vacaciones» de Grueso y su exmujer porque no solo coincidían en agosto sino que no se pasaba ningún otro gasto aparte del hotel y el vuelo, cuando lo «lógico» si hubieran sido viajes de trabajo sería haber pasado alguna comida o desplazamiento.

En este sentido, concluyó que la «contabilidad de 2007, 2008 y 2009 fue un desastre absoluto y cuando se pone en orden no es una operación inocente», en referencia al asiento de regularización de 260.000 euros en las cuentas de 2009.

Aseguró que la Fundación no tenía «soporte documental» para llegar a esa cantidad y el hecho de que el contable Miguel Argüelles, trabajador del despacho profesional del abogado José Luis Rebollo, secretario de la Fundación y uno de los cinco acusados en la causa, no pudo ser una «coincidencia». «Tuvo que tener esa documentación porque si no no hubiera llegado a esa conclusión», sin embargo «no se guardaron» esas facturas, cuando hubiera sido «lo lógico para su justificación».

Hoy continuará su declaracióny está prevista la del exresponsable de comunicación, Pedro Zuazua.

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