El Pleno de Avilés aprueba el nuevo reglamento municipal tras tres años de debate político

Los concejales de Ciudadanos y el Partido Socialista, durante el Pleno de ayer./OMAR ANTUÑA
Los concejales de Ciudadanos y el Partido Socialista, durante el Pleno de ayer. / OMAR ANTUÑA

PSOE, PP, Ciudadanos y Vox respaldan el nuevo documento con el único voto en contra de los ediles de Cambia Avilés

FERNANDO DEL BUSTOAVILÉS.

En enero de 2016, el pleno municipal acordaba por unanimidad iniciar la reforma del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para adaptar la normativa de 1988 a los nuevos tiempos. Ayer, tres años y medio después de iniciar el proceso, se cerraba, aunque sin que los grupos mantuviesen la unanimidad. PSOE. PP, Ciudadanos y Vox votaban a favor del nuevo documento y Cambia Avilés lo rechazaba. El motivo de la negativa era la estimación de una alegación en la que un ciudadano pedía retirar el título XI del ROM, en el que se abordaba la participación ciudadana. Para ello, argumentaba dos cuestiones. La primera era que en la elaboración no se había dado trámite de audiencia al tejido asociativo de la ciudad, implicado en cuanto que la reforma afectaba a sus derechos.

El segundo argumento es que el ROM es un documento de organización de la corporación, no regula las relaciones del Ayuntamiento con terceros. En el caso de la participación ciudadana, con un reglamento propio donde se define su participación con el Pleno.

Después de estudiar la legislación y la jurisprudencia, la secretaría municipal (ayer elogiada públicamente por el portavoz del gobierno, Manuel Campa, por su trabajo en la redacción del reglamento) proponía asumir la alegación y aprobar el documento excluyendo el apartado de la polémica. Los criterios técnicos eran asumidos sin problemas por la mayoría de los grupos.

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Desde el gobierno, Manuel Campa señalaba que no iban a cuestionar los informes oficiales y preceptivos, criterio asumido por grupos como Ciudadanos y Partido Popular. Campa también recordó la «plena disponibilidad» de todos los ediles del gobierno para atender a los vecinos y resolver las dudas y quejas que planteasen.

Esther Llamazares, la portavoz popular, recordaba que como concejales, «nuestra misión es representar a los vecinos y cualquier tema que quieran traer nos lo pueden plantear». Carmen Pérez Soberón, portavoz de Ciudadanos, expresaba su desconformidad con el criterio de los técnicos, aunque «no vamos a votar contra él», y defendía que «si es necesario reformar el Reglamento de Participación Ciudadana, se hace». La edil también apelaba a la necesidad de aprovechar todas las posibilidades legales que ofrece la normativa municipal. Así, citaba la existencia de una comisión de sugerencias y reclamaciones que nunca se ha reunido o la posibilidad de los buzones de sugerencias recogidas por el reglamento de Participación Ciudadana, aún pendientes de desarrollar.

Sólo Llarina González, concejala de Cambia Avilés, defendía una posición contraria. Por una parte, cuestionaba los criterios de la secretaría municipal, afirmando que la norma legal que recoge la obligación del trámite de audiencia es posterior a la aprobación de la comisión para la reforma del ROM y que no cabía la «retroactividad». Pero también hacía una lectura política, definiendo la decisión del Pleno como un «ataque a los derechos de los ciudadanos» y acusaba al PSOE de «poner en marcha su maquinaria» para frenar una normativa de participación que había rechazado. Para ello se basaba en que la persona que presentaba la alegación «había ido en la candidatura del PSOE en las elecciones municipales».

Por su parte, la alcaldesa, Mariví Monteserín, intervino para defender el modelo de participación de la ciudad, «el primero en ponerse en marcha en Asturias», recordando a Llarina González que «existe un mecanismo para la participación de los vecinos en el Pleno y siempre se ha aplicado».

Los despidos en Konecta

La situación de la plantilla y la crisis abierta tras los últimos despidos también fue tratada en la sesión. En las intervenciones, todos los grupos ofrecieron su respaldo a los afectados, con diferentes matices desde la actitud de Cambia Avilés que se encontraba en el apoyo incondicional al Partido Popular o Vox, que remetían la solución de los problemas a los juzgados de lo social y el comité de empresa.

De hecho, la votación fue bastante compleja, toda vez que Cambia Avilés presentó una moción que, finalmente, fue rechazada por los votos de PSOE, Ciudadanos y Vox. El PSOE y Ciudadanos intentaron consensuar un acuerdo antes del pleno y, ante la negativa, ambas formaciones acudieron a una enmienda de sustitución que, finalmente, fue aprobada por PSOE, Ciudadanos y Vox, mientras el Partido Popular se abstenía con el argumento de que no era una competencia municipal. «¿Vamos a apoyar a todos los autónomos con problemas, a todos los despedidos de la ciudad? Si es así, no hay que guardar esta moción porque la tendremos todas las semanas», aseguró Esther Llamazares, portavoz del Partido Popular.

El orden de la votación motivó un enfrentamiento entre la concejala de Cambia Avilés, Llarina González, y la alcaldesa, toda vez que la primera solicitaba que se votase primero la incorporación de la enmienda o no; mientras que Monteserín, con el aval de la secretaría en funciones, defendía que se debía votar primero la moción y, si no salía, la enmienda.

El motivo de la discordia se encontraba en dos de los tres puntos del acuerdo. En la propuesta de Cambia Avilés se defendía «rechazar los pedidos que se están produciendo en Konecta», mientras que el texto aprobado expone el «rechazo a los despidos que se pudieran producir de forma injustificada e indiscriminada».

La segunda discrepancia era que Cambia Avilés instaba a la empresa a que aplicase medidas de conciliación familiar y terminase con la precariedad, mientras que el acuerdo defiende que se negocie con el comité de empresa esas medidas. Manuel Campa defendió esos cambios por la división entre los trabajadores.

Personal de confianza

Además, el pleno ratificó el acuerdo sobre el personal eventual o los cargos de confianza con el que se cierra la organización de la corporación. El acuerdo contempla un secretario para cada grupo político, tres personas en el gabinete de alcaldía y dos nuevos puestos. Fue ratificado por PSOE, Ciudadanos y PP, mientras que Cambia Avilés y Vox votaron en contra.

Manuel Campa defendió la propuesta del gobierno con el argumento de que el Partido Socialista compensaba no aumentar el número de liberados con los nuevos puestos de confianza. Desde Cambia Avilés se centran sus críticas en los sueldos del jefe de gabinete y de la directora de comunicación mientras que Vox rechaza la propuesta al considerar que era falta la idea de austeridad. PP y Ciudadanos apoyaron para facilitar la organización del gobierno.

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