«Las políticas de vivienda se dirigían sólo a las clases más vulnerables, ahora ya no»

La pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora junto con el precio creciente de la vivienda por, entre otros motivos, el fomento de la propiedad privada, la conversión del inmueble en un activo financiero y la falta de un parque público, son las causas que explican, grosso modo, el problema de acceso a la vivienda en España y, por extensión, en Asturias. De tal forma que llegados a 2025 hay que aplicarse en buscar soluciones que no siempre ofrecen resultados a corto plazo. De todo ello hablaron ayer Francisco de Asís, secretario general del Partido Comunista de Asturias (PCA); Ana Solís, concejala de Vivienda; y Daniel Sánchez, director general de Vivienda del Principado, en la charla 'La vivienda: derecho o negocio', celebrada en el Palacio de Valdecarzana.

Fue De Asís quien hizo un repaso histórico de un «problema estructural e intergeneracional, aunque siempre se hable de los jóvenes, porque hay muchas personas mayores y jubiladas con problemas de acceso a la vivienda». Según expuso, la cultura de tener vivienda en propiedad es típica de España y Portugal, y «dio una falsa idea de clase media».

Los años en democracia «se potenciaron las políticas franquistas de compra, pero facilitando la especulación» y convirtiendo la vivienda en el «principal sistema de ahorro y de transmisión de riqueza».

Señaló la necesidad de la planificación económica, ecológica y urbana como guía de futuro y también «la importancia de crear movilización social y tener peso en las administraciones». Añadió que su partido propone la creación de un parque público sin opción de venta, la regulación de los alquileres y la prohibición del alquiler temporal y el bloqueo de los alquileres para el uso habitacional, así como la regulación de los turísticos.

La concejala de Vivienda, Ana Solís (IU), reconoció ayer que, a pesar de que las competencias en «este problema poliédrico» son de la autonomía, «tengo que decir que este concejo tiene una política propia desde hace mucho tiempo». Hizo un repaso por los instrumentos que hay en Avilés y, al igual que su compañero del PCA, se mostró a favor de la regulación. En su caso, de los alquileres temporales y de las viviendas compartidas. Afirmó que en el gobierno local trabajan en establecer un IBI diferenciado que penalice las viviendas vacías y que espera que antes de fin de año llegue la declaración de zonas tensionadas.

Daniel Sánchez, director general de Vivienda, afirmó que «Avilés es una referencia de implicación desde hace mucho», en alusión a la ausencia de competencias en esta materia, y advirtió sobre el cambio que se ha producido y que evidencia la magnitud del problema de la vivienda porque antes «las políticas de vivienda en Asturias se dirigían a las clases más vulnerables, pero ahora la clase trabajadora está en la misma situación».

Reconoció que las ayudas al alquiler «no son las medidas más eficientes», porque animan al propietario a subir los precios, «pero no podemos suprimirlas» y mostró su confianza en los resultados del programa Alquilámoste, que IU ya desarrolló en el País Vasco con éxito. Pero no lo fían todo a él y citó también como medidas la construcción de viviendas y la compra en el mercado.