PP, Vox y Podemos rechazan la subida del agua en Avilés para 2026

Los argumentos fueron asumidos por sus socios de Izquierda Unida. Su portavoz, Agustín Medina, recordó que era una obligación legal que atendía el gobierno después de que la portavoz del PP, Esther Llamazares, le recordase su pasada beligerancia contra Aguas de Avilés y el cambio de gestión en el ciclo integral del agua. Medina recordó que el vigente pacto de gobierno con el PSOE incluye que no habrá aportaciones extraordinarias, como las de 2019 tras una revisión de la tasa interna de retorno (TIR).

El criterio de legalidad no convenció al resto de grupos, comenzando por el PP, que en su día había aprobado el cambio en la gestión del agua. Llamazares reprochó al gobierno que «no negociase, sólo nos entretuviese» y denunció que la memoria económica que justifica la subida de los aparcamientos estuviese firmada por un asesor del gobierno, abriendo la vía a posibles reclamaciones judiciales. También denunció que se desconociese el alcance total de la deuda con Aguas de Avilés.

Vox justificó su voto contrario porque «no baja la presión fiscal, sino que la mantiene y, en el caso del agua, los servicios básicos no pueden ser una fuente de recaudación», declaró su portavoz Arancha Martínez Riola. La edil calificó de «abusivo» el contrato con Aguas de Avilés recordando que había sido aprobado por PSOE y PP, «cuando nosotros ni existíamos como partido, por lo que no tenemos responsabilidad».

Desde Podemos, su portavoz, David García, rechazó la subida del agua como forma de defender el cambio de gestión. El edil lamentó que el gobierno apenas asumiese sus propuestas.

El resultado de la votación abre un escenario inédito en el pleno municipal, ya que, por parte municipal, se incumple uno de sus contratos más importantes. La concejala, Raquel Ruiz, recordó que se trataba de una obligación legal, por lo que la empresa podría reclamarla judicialmente al Ayuntamiento. También cabe la posibilidad de que deje pasar la situación, lo que incrementaría la Tasa Interna de Retorno que se debe revisar el próximo año, condicionando económicamente el final del mandato y, sobre todo, el inicio del próximo. Cabe, además, una reclamación por responsabilidad patrimonial contra los ediles que, con su voto, han provocado que el Ayuntamiento incumpla un contrato.