La propiedad del antiguo geriátrico La Fontana recupera el inmueble

El antiguo geriátrico ya no tiene placa. /  OMAR ANTUÑA
El antiguo geriátrico ya no tiene placa. / OMAR ANTUÑA

C. R.AVILÉS.

Antes de que la residencia geriátrica privada La Fontana fuera clausurada por el Principado en abril, los inquilinos ya tenían un problema anterior que resolver. Habían dejado de pagar la renta y la sociedad propietaria del inmueble había iniciado el trámite para el desahucio. Perdido el segundo frente, los gestores del geriátrico optaron por tirar la toalla también en el primero, a pesar de que en un primer momento llegaron a plantear batalla. Según ha podido saber este periódico, los arrendadores entregaron las llaves del edificio poco después de que su negocio fuera cerrado, desactivando así el procedimiento judicial que estaba en marcha.

La sentencia que avalaba el desahucio fue dictada por el Juzgado Número 7 de Avilés el 26 de mayo de 2018 después de que la empresa acumulase cinco meses de deuda. La empresa que gestionaba la residencia lo recurrió y a pesar de no ser admitido, la ejecución de la sentencia estaba pendiente un año después cuando ya se acumulaban catorce mensualidad sin abonar.

Finalmente no fue necesario que se ejecutara esa sentencia. En cuanto salió a la luz la falta de cuidadores del centro y el Principado decretó el cierre, los inquilinos entregaron las llaves 'voluntariamente'. Desde hace algunas semanas ya no hay mi siquiera una placa que recuerde que allí hubiera un geriátrico.

Los problemas para este centro se precipitaron en marzo de este año, después de que la Policía Nacional encontrara a un anciano caminando solo y desorientado de madrugada por la plaza de España. Había salido del geriátrico, donde no había ningún cuidador por la noche. La Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias abrió una investigación ante un posible incumplimiento de la normativa de atención a los ancianos y, a los pocos días, decretó un cierre cautelar, que fue recurrido por los propietarios.

Fue solo una forma de alargar un proceso que culminó el pasado 10 de abril con la salida de los últimos usuarios, a los que la consejería había encontrado plaza temporal en otros centros de la red pública.