La reforma de la depuradora de Maqua está paralizada en un departamento del ministerio

La renuncia a la licitación y anulación del contrato para la reforma integral de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Maqua vino motivada por la imposibilidad de otorgar una reserva de dominio público marítimo terrestre en los terrenos en los que se iba a ubicar la aplicación de la nueva estación.

Al no poder contar con esta reserva lo que se hizo el año pasado fue iniciar la tramitación para que estos terrenos dejen de ser de dominio público marítimo terrestre. Con esto, el pasado 10 de septiembre de 2021 la Dirección General de Aguas solicitó a la Dirección General de la Costa y el Mar la declaración de innecesariedad de los citados terrenos y su incorporación al Patrimonio del Estado para iniciar la tramitación de la desafectación del suelo ocupado por la actual EDAR y su ampliación.

«No se ha obtenido respuesta hasta la fecha», aseguran fuentes del ministerio con respecto a la Dirección General de la Costa y el Mar. Por tanto, la solución administrativa sigue en estudio casi un año después, por lo que resulta difícil que se pueda resolver la nueva licitación en sus diferentes fases este año, y mucho menos iniciar unas obras necesarias para solucionar los graves problemas de funcionamiento que tiene la depuradora de Maqua, con la amenaza de fuertes sanciones por parte de la Unión Europea.

Este diagnóstico del estado de la reforma, confirmado por el propio Ministerio de Transición Ecológica, contrasta con el mensaje optimista lanzado el pasado mes de marzo por el consejero de Administración Pública y Medio Ambiente, Juan Cofiño, en la Junta General del Principado a preguntas del diputado de Ciudadanos, el avilesino Luis Fanjul. Según la intervención del consejero socialista, los plazos para solucionar la titularidad de los terrenos sobre los que se asienta la depurada de Maqua «se van a acortar».

Llama la atención que esa solución está en manos de dos organismos del ministerio, agrupados además bajo el paraguas de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que dirige el asturiano Hugo Morán. La Dirección General del Agua, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, asegura que comenzó en septiembre pasado a dar los pasos administrativos necesarios para solucionar el problema burocrático que ha paralizado la licitación de la reforma de la depuradora de Maqua. De hecho, en ese mismo mes puso el siguiente paso en manos de la Dirección General de la Costa y el Mar para la declaración de innecesariedad y su incorporación al Patrimonio del Estado, pero desde entonces nada se sabe de esta gestión.

La resolución del proceso pasa por que la Dirección General de Costas haga esa declaración de innecesariedad, que daría pie al segundo proceso que ya estaría en marcha de forma paralela, según el propio ministerio. Se trata de la desafectación de los terrenos, en la que también está implicado el Ministerio de Hacienda.

Cuando finalice esa tramitación, se podrá volver a poner una fecha para reiniciar la licitación del contrato y el de la regeneración de las marismas de Maqua, que está igualmente paralizado.

El contratiempo surgido a finales del verano pasado motivó que la Dirección General del Agua anulase el contrato de 32,5 millones de euros para hacer el proyecto y la obra de mejora de las instalaciones de la estación depuradora de Maqua. La razón es la imposibilidad jurídica de llevar a cabo unas obras de ampliación en unos terrenos que pertenecen al dominio público marítimo terrestre y que han estado en situación anómala desde 1901, según señaló el ministerio.

La depuradora logró terminar de construirse y lleva funcionando desde hace cerca de dos décadas gracias a una sentencia del Tribunal Supremo que determinó que, aunque el terreno era efectivamente de dominio público, a pesar de que había sido adquirido por el Ayuntamiento de Avilés por cerca de 350.000 euros, se le otorgaban a la administración local derechos concesionales. Estos derechos, sin embargo, solo permiten llevar a cabo trabajos de mantenimiento de las construcciones existentes, pero en ningún caso ejecutar ampliaciones como la que es necesario acometer, que supone prácticamente construir una nueva depuradora en los terrenos sobre los que se asienta la actual.

La anulación de la licitación tiene otras consecuencias, como la indemnización a la empresa que había ganado el concurso que nunca llegó a adjudicarse formalmente, la Unión Temporal de Empresas formada por sus divisiones Acciona Construcción y Acciona Agua, que había presentado una oferta por un total de 29,6 millones de euros. La indemnización alcanza 50.000 euros, cantidad marcada en los pliegos de contratación.

Las previsiones apuntan a que este año no comenzarán las obras, por lo que la partida presupuestaria prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el proyecto se perderá y tendrá que trasladarse, en el mejor de los casos, al ejercicio de 2023. Aunque no aparece de forma genérica, el propio secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aseguró a finales del pasado año que está incluida en una partida presupuestaria de seiscientos millones de euros, «para poder atender las necesidades de inversión de cada comunidad autónoma», explicó.

De ahí saldrían los 32,5 millones en los que se había valorado el proyecto para Maqua, aunque Acciona había bajado esa cifra en el proceso de licitación hasta los 29,6 millones.