Roces vincula la denuncia por fraude con una «persecución de los trabajadores»

Uno de los autobuses de la empresa Roces, hoy inexistente, cuando cubría la línea Avilés-Luanco. / LVA
Uno de los autobuses de la empresa Roces, hoy inexistente, cuando cubría la línea Avilés-Luanco. / LVA

Cuatro exempleados declaran que se cancelaban viajes inexistentes, mientras que la defensa relaciona la acusación con la crisis laboral de la empresa

C. DEL RÍO AVILÉS.

Después de tres suspensiones previas, el Juzgado de lo Penal Número 2 de Avilés por fin pudo celebrar ayer el juicio contra los dos últimos administradores de la empresa Roces (padre e hijo), acusados por la Fiscalía y el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) de un delito de fraude por la presunta cancelación irregular de viajes inexistentes. De esta forma, usando el bono de diez viajes habrían defraudado al organismo público 3.461,75 euros. El Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel para cada uno de los acusados, mientras que la acusación particular aumenta la petición a tres. Además, solicita el pago de los 3.461,75 euros y una indemnización de 13.847 euros, más las costas. El juicio ha quedado visto para sentencia.

Las defensas pusieron en entredicho la credibilidad de los cuatro extrabajadores que ayer aseguraron haber validado viajes inexistentes o haberlo presenciado y vincularon su testimonio con el conflicto laboral sufrido en la empresa antes de que perdiera la concesión de la línea con Luanco. Al informe de la CTA con las presuntas validaciones fraudulentas que obra sobre la mesa del juez, los letrados de los acusados incorporaron partes de baja, querellas y sentencias relacionadas con los trabajadores declarantes por despidos y hasta por el incendio de un autobús de la flota (esta última fue desestimada). Pidieron la absolución para sus clientes, que negaron los hechos.

Estos habrían tenido lugar entre el 22 de diciembre de 2010 hasta el 6 de febrero de 2013, periodo durante el que se habrían defraudado esos 3.4061 euros. Por cada uno de esos viajes, la empresa obtenía una compensación de 0,39 euros y 1,28 si se trataba de un transbordo.

El trabajador que presentó la denuncia ante la CTA, que desempeñaba tareas administrativas en la sede de la calle de La Muralla, afirmó que «teníamos varias tarjetas y cuando había poca afluencia en la oficina, nos acercábamos hasta el autobús, esperábamos a que el público accediese y discretamente pasábamos la tarjeta» por orden del administrador. Alguno de sus compañeros conductores confirmaron haber visto al propio administrador o a alguno de sus compañeros de oficina haber realizado la misma operación, siempre en el Parque del Muelle.

Sus palabras corroborarían el informe elaborado por el Consorcio del Transporte de Asturias que sustenta la acusación y sobre el que se preguntó tanto a su director general, Carlos González Lozano, como al jefe de sistemas informáticos. Este segundo desarrolló el programa para la extracción de datos estadísticos de las validaciones realizadas en las máquinas de los autobuses en formato Excel. Explicó que recibía órdenes de la dirección general y que la decisión de incluir en el informe unos datos u otros (número de conductor, línea, etcétera) no dependía de él. Reconoció que las máquinas «tenían fallos habitualmente, por ejemplo, cuando se llenaba la memoria, se corrompía y no nos llegaban datos, pero la información que llega es la que es» y asumió que tanto los servidores como el número de validaciones contabilizadas por el sistema podrían ser manipuladas aunque a él no le consta tal extremo. Con todo, «funcionaban razonablemente bien».

Preguntado por la defensa, se desvinculó de las «anotaciones» que constan en ese informe estadístico y que, según subrayó un letrado, «fue modificado a las 0.19 horas del 28 de febrero de 2012» después de haber sido extraído a las seis y media de la tarde. «Una manipulación torticera para presentarlo a este procedimiento», según expuso en sus conclusiones finales, en las que relacionó la subrogación de los delegados sindicales y miembros del comité de empresa, testigos de la acusación, con la presión previa para que la CTA retirara la concesión a Roces, una empresa familiar que fue vendida por sus fundadores en el año 2007. «Fue una persecución», resumió.

El abogado del Consorcio señaló los dieciocho millones de viajes realizados el año pasado y el «esfuerzo considerable» que supone para la administración detectar las irregularidades que habrían saltado a la luz porque «en muchos casos no se realizaban con suficiente tiempo entremedias». «Es un grave quebranto al erario público», reclamó. Afirmó también que habían sido más de «5.000 actos conscientes» puesto que cada cantidad defraudada suponía una «pequeña cantidad de dinero, de 0,70 euros».

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