El Seprona señaló deficiencias en la perrera de La Luz hace ya más de un año

Los perros se encontraban en precarias jaulas en las instalaciones de La Luz, ahora en proceso de desalojo. / PATRICIA BREGÓN
Los perros se encontraban en precarias jaulas en las instalaciones de La Luz, ahora en proceso de desalojo. / PATRICIA BREGÓN

Los agentes detectaron unas construcciones inadecuadas para albergar a los animales que, no obstante, tenían comida y agua «suficientes»

RUTH ARIAS AVILÉS.

La perrera de La Luz, que acogía a 147 canes y cuyo desalojo comenzó el pasado jueves, había recibido ya varias denuncias, la primera de ellas en 2005, y el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona, se había personado allí en varias ocasiones para realizar inspecciones. En una de las últimas, efectuada hace ahora alrededor de un año, los agentes ya alertaban de algunas irregularidades, como el hecho de que no dispusiera de licencia municipal ni personal capacitado para el cuidado de animales. Sin embargo, en el acta de inspección se hacía constar que los animales disponían de comida y agua «suficientes» para atender sus necesidades, y que no había ni acumulación de estiércol ni de aguas residuales que entrañasen peligro «para los animales o el hombre». Los propios voluntarios han reconocido que las condiciones en las que se albergaba a los canes no eran las más adecuadas, pero niegan que estuvieran desnutridos o enfermos de forma generalizada.

Según este documento, las deficiencias de la instalación eran numerosas, ya que el recinto no estaba adecuadamente preparado para impedir la fuga de los animales y tampoco tenía las construcciones necesarias para albergar al número de canes que acogía Emilia Bernadal, conocida como 'Miluca', desde hace más de una década.

No disponían, sin embargo, de licencia alguna para su actividad, ni tampoco para la edificación de las diferentes estructuras en las que se alojaban los animales, unos tendejones que, de acuerdo a la resolución expedida por el Ayuntamiento, «no cumplen las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público». En su orden de derribo, junto con la de desalojo de las instalaciones y el cese de la actividad, la firmó el servicio de Licencias y Disciplina Urbanística ya el pasado mes de marzo, dando un plazo de dos meses desde que los denunciados recibiesen la resolución, y les advertía de que, de incumplirse esta orden, el Consistorio podría proceder a ejecutar el derribo de forma subsidiaria, cargándoles luego los costes de la misma, y también a imponer alguna multa de carácter coercitivo previstas en el Trotuas, el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Advertían además que la Policía Local actuaría para «garantizar la efectividad de la orden».

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Alegaciones

El expediente, que no es el primero que sobre este asunto figura en el Ayuntamiento, viene de tiempo atrás, y ya hace un año que Bernadal presentó sus alegaciones, entre las que pedía que se dejase sin efecto la resolución y aseguraba que los animales contaban con la «debida atención veterinaria». El propietario de la parcela, por su parte, explicaba que esta se había cedido a Bernadal «en precario» para su mantenimiento, y que había sido ella la que se había encargado de la construcción de los tendejones, y que procedería a exigirle que adaptase su actividad e instalaciones a la normativa o, en caso contrario, el cese del albergue.

En el momento de la inspección del Seprona se contabilizaron en las instalaciones de La Luz hasta 122 perros, un número inferior a los 147 que se encontraban allí el pasado jueves, cuando comenzó el desalojo, una cifra en cualquier caso muy superior a la permitida por la normativa y que convertía a lo que se había convertido ya en un albergue de animales en una instalación asimilable de acuerdo a la normativa a una ganadería intensiva.

La denuncia había partido en esta ocasión de la Fundación Protectora de Animales del Principado, que ya a lo largo de la tramitación del expediente presentó un escrito ofreciendo su ayuda para la resolución de la situación, algo que le fue denegado por el Ayuntamiento alegando que no se trataba de un asunto de su competencia, ya que debería ser la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales la que procediese a la incautación de los animales y, en su caso, a su traslado a un centro que reuniese las condiciones adecuadas. Finalmente, está siendo esta fundación la que se está haciendo cargo de la gestión de los perros, tanto de su identificación como de su vacunación y realojo, así como de la limpieza de las instalaciones.

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