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Los representantes de USIPA, CC OO, UGT, SIPLA y Avanza reunidos en el salón municipal de plenos durante el encierro de la primavera de 2017. MARIETA
Sesenta reuniones y el conflicto enquistado

Sesenta reuniones y el conflicto enquistado

Los sindicatos municipales consideran incumplidos nueve de los doce puntos acordados hace dos años | El principal punto de disputa sigue estando en la dificultad para evitar el despido de los empleados temporales cuyas plazas salen a oposición

RUTH ARIAS

AVILÉS.

Domingo, 31 de marzo 2019, 05:17

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Este jueves, a las doce del mediodía, los trabajadores del Ayuntamiento de Avilés están llamados a un paro de una hora que se repetirá cada semana en abril y mayo, a excepción de Jueves Santo. Es la segunda oleada de movilizaciones del mandato, después de las de la primavera de 2017, cuando los representantes sindicales terminaron encerrándose en el salón de plenos durante tres semanas y, en realidad, se deriva de aquella, de unas expectativas que no llegaron a cumplirse. Entonces las partes llegaron a un acuerdo que constaba de doce puntos, de los que los sindicatos consideran que solo se han cumplido tres y un cuarto de modo parcial.

En todo este tiempo, los representantes de los trabajadores no han dejado de reunirse con el gobierno, sin que la mayor parte de los encuentros haya dado los frutos que esperaban. Ha habido alrededor de seis decenas de reuniones y más bien pocos avances en la negociación. Los sindicatos hablan de falta de voluntad y el gobierno tira de legislación para negarse a aplicar la mayoría de las cuestiones que demandan.

A punto de cerrarse la legislatura, con dos citas electorales a la vuelta de la esquina, y un gobierno con poco margen de maniobra por el escaso tiempo que le queda, los sindicatos tratan al menos de arrancar algún compromiso de cara al próximo mandato, y ya iniciaron las primeras acciones de protesta la semana pasada, cuando acudieron a la sesión plenaria ataviados con chubasqueros transparentes. Querían simbolizar así el sentimiento que tienen de «invisibilidad» y, a la vez, sus exigencias de transparencia, según manifestaron públicamente ese mismo día.

Los puntos de desencuentro entre el gobierno y los sindicatos son múltiples y ni siquiera bastan los dedos de las dos manos para contarlos. Hay dos asuntos, no obstante, que tienen mayor relevancia y difícil solución: el acceso a los puestos de trabajo y la valoración de los mismos.

El primero es quizás el más importante por lo que supone para un alto porcentaje de una plantilla en la que un 40% de los trabajadores del Ayuntamiento son interinos y la proporción se eleva a seis de cada diez en las fundaciones de deporte y cultura. Hay plazas que llevaban sin convocarse más de veinte años, el mismo tiempo que han estado ocupadas por personal interino que ahora, superados los cincuenta, ve como su puesto es ocupado por otra persona que ha accedido a él por una oposición y queda condenado al paro.

Los primeros despidos se produjeron en noviembre y la segunda oleada ocurrió este mismo mes de marzo. Las cifras iniciales, que hablaban de cerca de una veintena de empleados en esta situación, se han visto amortiguadas después de que fuera posible encontrar acomodo para buena parte de los afectados. Al final, han sido cuatro trabajadoras, de las que una se reincorporará la próxima semana en virtud de una sentencia que declara improcedente su despido y obligaba a readmitirla o indemnizarla con 61.000 euros.

Para evitar estas situaciones, los sindicatos llevan años pidiendo que las convocatorias no se hagan por oposición libre, donde todos los candidatos concurren en las mismas condiciones, sino por concurso-oposición, valorando los méritos además del examen y teniendo en cuenta el tiempo trabajado previamente en la administración. Esa fórmula serviría para paliar el importante número de despidos de personal casi histórico que podrían producirse a medida que las plazas vayan saliendo a concurso para tratar de terminar con una temporalidad a todas luces excesiva.

Esa es la teoría. Ponerlo en marcha en la práctica algo mucho más complicado. Las plazas que pertenecen a la escala de administración especial y requieren de una titulación específica pueden sacarse por concurso-oposición, pero la Ley de Bases de Régimen Local estipula que las de la administración general deben salir por oposición. Los sindicatos aluden a otras normas como el Estatuto Básico del Empleado Público, e incluso a procesos seguidos en otros ayuntamientos. Al mismo tiempo, el gobierno alude a la Ley de Bases y a la jurisprudencia para mantener que el sistema de acceso debe ser por oposición. En ese debate llevan enrocados gobierno y sindicatos no solo los dos años que han transcurrido desde el encierro, sino ya desde mucho antes.

Ahora incluyen entre sus demandas que se cambien los criterios de cese, de modo que cuando haya de producirse uno, el damnificado sea el trabajador de menor antigüedad del Ayuntamiento. El gobierno considera que eso es imposible o ilegal, y que debe seguirse ese criterio, pero solo dentro de cada departamento.

Los complementos

El otro de los aspectos que los sindicatos consideran básico es que se haga una revisión de la valoración de los puestos de trabajo. Esto tiene un efecto sobre las retribuciones ya que, además de definir las funciones de cada puesto, también marca los complementos específicos y de destino de cada uno de ellos. La demanda es ya antigua y se consideraba hace años, debido a las restricciones a los presupuestos marcadas por el Gobierno central, la única vía para lograr una mejora salarial en época de congelaciones o subidas mínimas.

En los dos últimos años, no obstante, los trabajadores municipales han visto ya elevadas sus nóminas. En el pasado 2018, un 1,75% el salario y un 2,75% la productividad corporativa y en este 2019 un 2,75% y un 2,55% respectivamente, en un incremento de sueldos impuesto desde Madrid. El gobierno aduce que la revisión de los puestos de trabajo es posible siempre que no suponga un incremento de la masa salaria, por encima del límite del 2,75%, un porcentaje al que se prevé llegar a final de año.

La mayor parte de las demandas de los sindicatos, sin embargo, no tiene que ver son sus retribuciones, sino con las fórmulas de los procesos de acceso, el reglamento de las bolsas de trabajo, la consolidación de empleo o la planificación de la ordenación de los recursos humanos. Piden, por ejemplo, un plan a cinco años que el gobierno niega porque las plazas que se ofrezcan dependen de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

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