El Supremo confirma la condena a una abogada por apropiación indebida

La letrada, durante el juicio, que se celebró en Gijón. / DAMIÁN ARIENZA
La letrada, durante el juicio, que se celebró en Gijón. / DAMIÁN ARIENZA

Inadmite el recurso de casación y convierte en firme una sentencia que le impone dos años de cárcel y la inhabilita profesionalmente

C. R. AVILÉS.

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por la abogada avilesina que en marzo de 2018 fue condenada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial a dos años de cárcel, otros dos de inhabilitación profesional y al pago de una multa por haber cobrado e ingresado en una cuenta propia un mandamiento por valor de 94.000 euros que debía entregar a un cliente. Tras el fallo, la letrada recurrió en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, siendo desestimado el mismo en septiembre del mismo año. La última baza era recurrir en casación al Tribunal Supremo que, en el fallo comunicado ya a las partes, inadmite el mismo y convierte en firme la sentencia.

El auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena (el juez del 'procés') ha tenido como ponente a la magistrada Carmen Lamela, quien señala que el recurso «se limita a reiterar el contenido» desarrollado en apelación. «No alega ni plantea argumentos distintos de los ya esgrimidos con anterioridad que permitan a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones que podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas a la casación», explica.

Respecto a la declaración testifical de un médico forense que se solicitó en apelación y fue desestimada, el Supremo considera que no es cuestión «de carácter jurídico» y que el recurso «no pone de manifiesto la relevancia de la citada prueba ni de que forma podría haber incidido en los hechos declarados probados o en el sentido del fallo».

La abogada avilesina defendió a un cliente después de que este sufriera un accidente de tráfico en Gijón en diciembre de 2011 por el que se fijó el pago de una indemnización de algo más de medio millón de euros, de los que solo cobró 455.677,16. Durante el juicio celebrado en febrero de 2018, el cliente afirmó que él hacía provisiones de fondos genéricas a su cuenta, sin saber exactamente para qué asuntos eran y que «nunca lo cuestionó». J. L. F. explicó que él siempre había confiado en su letrada hasta que fue pasando el tiempo y se dio cuenta de que solo había recibido excusas a propósito de esos 94.000 euros de su indemnización que no terminaba de cobrar. «Cuando me dieron el talón en la notaría por 239.000 euros en vez de 330.000 se lo dije a ella, pero me pidió que no me preocupara, que la cantidad que faltaba estaba consignada en el juzgado y que ya se encargaba ella», relató.